Manifestaciòn en contra de los CIEs en Madrid- sabado 12 abril

¡CERREMOS NUESTROS GUANTÁNAMOS!

¡NO A LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS!

¡NINGUNA PERSONA ES ILEGAL!

En el estado español existen guantánamos. Les llaman Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Igual que Guantánamo son lugares cerrados, oscuros, invisibles, limbos jurídicos donde no se sabe lo que pasa.

Las personas allí detenidas, hasta su expulsión, lo están por su situación irregular, concepto previamente creado por los gobiernos. Su delito es no tener papeles, una falta administrativa, equivalente al impago de una multa de tráfico. Lo terrible de estos centros es, precisamente, que son cárceles sin delincuentes. Poco ó nada importa la conducta de los allí encerrados, castigándose sistemáticamente con instrumentos procedentes del Derecho Penal a personas que han estado contribuyendo con su esfuerzo a la creación de riqueza, por faltas tales como no haber renovado en plazo su autorización de trabajo y residencia. Son las únicas instituciones de los Estados Europeos creadas exclusivamente para personas extranjeras. Desde hace años en los CIEs se producen sistemáticas violaciones de los derechos humanos, silenciadas por lo medios de comunicación masivos, instituciones y partidos, e ignoradas por la población. Solo a través de los testimonios de las personas detenidas en los CIEs se ha dado a conocer en parte la realidad que se vive en estos centros: palizas, humillaciones psicológicas, falta de atención médica, abortos provocados por las malas condiciones, insalubridad, hacinamiento, y carencia de tutela judicial efectiva. En un reciente informe del Parlamento Europeo los CIEs españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea.

El pasado 27 de noviembre treinta internas del CIE de Madrid (que se encuentra ubicado significativamente en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel) escribieron una carta para denunciar su situación:“En los calabozos del centro en altas horas de la madrugada hemos escuchado como maltratan a los internos y no contentos con el maltrato no les dan de comer durante el tiempo que están allí. También nos tienen amenazados de que si denunciamos, podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsados”, escribían.

Análogas violaciones, sino peores, han sido denunciadas en el pasado – y siguen produciéndose – en los CIEs de Canarias, Barcelona, Valencia y Algeciras. En Málaga incluso se descubrió una red de esclavitud sexual, cuyos verdugos eran los policías del centro. Nunca llegaron a ser condenados porque víctimas y testigos fueron expulsadas antes de que pudieran declarar ante el juez. Una situación simlar tuvo lugar en el mes de febrero en el CIE de Carabanchel, donde un joven boliviano fue expulsado al día siguiente de que su familia interpusiera una denuncia por tortura, sin que se hubiera podido llevar a cabo un informe médico forense ajeno al CIE y antes de que pudiera declarar ante el juez.

Los CIEs no tienen un régimen interno desarrollado legalmente ni cuentan con protección judicial alguna, más allá del Auto que dicta el internamiento. La monitorización de los derechos de los internos recae exclusivamente sobre la Dirección General de la Policía, hecho insólito teniendo en cuenta la naturaleza de la falta administrativa, lo que da lugar a graves situaciones de desamparo y arbitrariedad. Sólo la policía y los internos pueden acceder a su interior, impidiendo la entrada de colectivos que puedan defender los derechos de las personas allí detenidas. El régimen de visitas es muy estricto, sólo 5 minutos bajo la presencia física de un policía, violando la más mínima intimidad del interno y su familia.

Esta actitud responde a la criminalización de la migración por parte de las instituciones políticas europeas, enmarcada dentro de una estrategia de normalización de los procedimientos de encierro como técnica de gestión de esos movimientos de población. Se castigan los flujos de personas, para regularlos como variable de ajuste del mercado de trabajo y del nivel de demanda de mano de obra, instrumentalizando y cosificando a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que venera la libre circulación del capital y las mercancías y reprime la de las personas.

Actualmente se encuentra en trámite para su aprobación una Directiva Europea que pretende prolongar la detención en los Centros de Internamiento hasta los 18 meses (Directiva de la Vergüenza). En la UE proliferan los centros de internamiento y su “política de vecindad” se orienta a fomentar la instalación de estos centros en los países terceros limítrofes, lo que dificultaría aún más garantizar los derechos humanos fundamentales. Los Estados miembros están construyendo un sistema global de encierro que demuestra la hipocresía de los cada vez más tímidos discursos sobre la ciudadanía europea, al tiempo que reverdece la terrible memoria de los campos de concentración nazis.

La existencia de los centros de internamiento pone de manifiesto la brutalidad y violencia estructural del sistema de fronteras y sus leyes de extranjería, leyes de esclavitud moderna encubiertas al servicio del mercado.

Los colectivos abajo firmantes exigimos:

Cierre inmediato del CIE de Carabanchel.

Asunción de responsabilidades por parte de Políticos e Instituciones de las sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Paralización en la UE de la Directiva de la Vergüenza.

CERREMOS NUESTROS GUANTANAMOS

NO A LA LEY DE EXTRANJERÍA

ACSUR – Asociación Marroquí de Derechos Humanos (Grupo de apoyo a Amdh, Madrid) – Asociación de Vecinos de Aluche – Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto – ATTAC – Casa Argentina de Madrid – Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos – Centro Uruguayo de Madrid – CGT – Colectivo de Colombianos Refugiados en España – Ecologistas en Acción – Espacio Alternativo – Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados – Federación Centro de las Culturas – La Biblio – Mugak – Oficinas de Derechos Sociales de Carabanchel Alto – ODS- Patio Maravillas y Centro Social Seco – Plataforma de Jóvenes Karabanchel Alto – Radio Almenara – Radio ValleKas – Red Ferrocarril Clandestino – SOS Racismo Madrid – Vía Democrática (Annahj Addimocrati).

http://transfronterizo.at.rezo.net/

Colgado en un módulo de castigo en Francia

Otra vez más en Francia, en este caso en la cárcel de Nanterre, un preso ha aparecido muerto, colgado, en su celda. De nuevo las informaciones se han hecho esperar, y dos días han pasado hasta que se hiciera pública la noticia.
Un preso se suicida en la cárcel de NanterreAFPLIBERATION.FR : samedi 29 mars 2008El hombre de 23 años, que cumplía una pena por robo, ha sido encontrado colgado el jueves a primera hora de la mañana, pero la noticia no se ha hecho pública hasta el sábado.Un preso de la prisión de Nanterre (Hauts-de-Seine) ha sido encontrado colgado en su celda el jueves a primera hora de la mañana, se ha sabido el sábado por fuentes penitenciarias.23 años de edad, el detenido cumplía una condena por robo desde principios del año.“Desde hace tres semanas estaba en el módulo de aislamiento. Donde debía permanecer 45 días, debido a la agresión violenta a un vigilante, durante un seguimiento ordinario”, ha indicado la dirección de la prisión de Nanterre, confirmando una noticia revelada el sábado al periódico Le Parisien.El vigilante presentó una denuncia, la audiencia tendría que celebrarse el 7 de abril. La sala de Nanterre estaba al cargo de la investigación.Para un miembro de la Unión Federal Autónoma Penitenciaria (N. del T. sindicato de carceleros) de Nanterre, interrogado por la AFP (N. del T. Agencia de noticias que firma el artículo), “este preso con comportamiento extraño e imprevisible no tenía nada que hacer en prisión, debería haber sido internado en un centro especializado”. Según él, el detenido se había encontrado con la psicóloga de Nanterre dos días antes, y un proceso tenía que llevarse a cabo para internarlo.“Muchos presos tienen este perfil en prisión, pues no hay suficientes plazas en los centros especializados”, ha añadido el sindicalista, para el que “es necesario coordinar todos los medios para crear centros especiales para acoger estos presos”.

www.lahaine.org

CARCELERO NOVATO

http://www.tu.tv/videos/carcelero-novato

Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba, Argentina.

Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba.

Un pabellón fue ocupado en una prisión del barrio San Martín tras un fallido intento de fuga. Hay dos guardias de rehenes.

Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba

Un pabellón fue ocupado en una prisión del barrio San Martín tras un fallido intento de fuga. Hay dos guardias rehenes. En el mismo presidio en 2005 tuvo lugar un sangriento motín con 6 muertos.



Los internos de la cárcel cordobesa de San Martín amotinados desde el mediodía están armados y tomaron como rehenes a dos efectivos penitenciarios, en tanto que mediadores judiciales comenzaron las negociaciones, confirmó una fuente del penal.

El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, inspector general Ricardo Lencina, precisó que el motín se encuentra centralizado en un pabellón del sector del fondo del penal y que los presos están con "armas de fuego y con dos empleados de rehenes".

Lencina afirmó que "está controlada" la situación en el penal del barrio San Martín, donde se amotinó un grupo de presos tras un intento de fuga por parte de seis internos del pabellón 14.

http://www.lacalle-online.com/fotos/0000127982G.jpg

El funcionario confirmó que "han tomado de rehén a dos celadores" y remarcó que los reclusos tienen armas de fuego.

"La situación está controlada, está sectorizado en el fondo del penal, en un callejón. No es general el problema", indicó Lencina, quien dijo a una radio que "estamos trabajando con los mediadores para ver si llegamos a un resultado feliz".

Tres años atrás, en el mismo penal se produjo un motín en el que murieron seis personas. Cientos de presos, algunos con armas de fuego, estuvieron más de ocho horas amotinados, en reclamo de mejores condiciones de detención.

datos en :

http://infobae.com/contenidos/369648-100799-0-Cien-presos-armas-tomaron-una-cárcel--y-rehenes-Córdoba

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Página 12
“Ahí adentro no hay agua, comida, nada”
Los baños están colapsados, no alcanza la comida, se corta el agua. El trabajo de los presos se paga menos de lo estipulado legalmente. Y no reciben asistencia jurídica adecuada. “Se violan sistemáticamente los derechos humanos”, denuncia un funcionario municipal.

Después del motín, los guardias eran liberados en tandas: aquí uno de ellos se abraza con su padre.

Sin despeinarse, fortalecido por la culminación de la revuelta carcelaria más impresionante de la historia cordobesa que dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos graves, según información oficial, el jefe de Policía de Córdoba, el comisario Jorge Rodríguez, dijo que la Unidad Penitenciaria de San Martín, construida en 1889, hace casi ciento veinte años, seguirá siendo el penal de la capital cordobesa, aunque todos los especialistas en seguridad sostienen que esta cárcel no reúne la condiciones de seguridad necesarias y que su estructura es “deficiente y vetusta”, que el personal del Servicio Penitenciario es “insuficiente” (50 guardiacárceles por turno para 1700 internos), además de estar ubicada en el corazón de la ciudad, hecho que potencia al máximo su peligrosidad para la población.

Con una capacidad para 800 internos y una población de 1700, el doble de lo permitido, viola abiertamente lo que dice la Constitución Nacional, que dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Cualquiera que haya podido transitar las instalaciones del penal de San Martín podrá corroborar que lejos de satisfacer la demanda constitucional, sus instalaciones pisotean los derechos de cualquier ser humano, aunque haya cometido un delito grave. “En forma sistemática se corta el servicio de agua, los baños están colapsados, la comida es pésima y el hacinamiento que genera la superpoblación provoca un clima de tensión y violencia entre los internos casi en forma permanente”, advertía Luis Miguel Barone-tto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, que fue solicitado como garante por una gran cantidad de presos en estos dos días de furia y que conoce la situación de muchos de ellos.

Además de las paupérrimas condiciones edilicias del penal, Baronetto remarca que el motín que estremeció a toda una ciudad se viene “cultivando” desde hace mucho tiempo. “Hay dos motivos por los cuales los presos viven en un estado latente de violencia y que prepararon el terreno de lo sucedido: las condiciones carcelarias que padecen, que son inhumanas, y su situación judicial. No hay revisión de sus causas por parte de funcionarios judiciales, no reciben asistencia jurídica y la mayoría debe apelar a lo que se conoce como ‘derecho propio’, es decir, defenderse por sus propios medios sin abogados.”

Raúl, un ex presidiario que salió en libertad hace seis meses y que estuvo entre los rehenes, funcionó de mediador en algunos momentos del conflicto. “En San Martín no existen los derechos humanos, casi la mitad de los que están presos acá son chicos que no superan los 23 años, que deben padecer el incumplimiento de la ley 24.660. No hay comida, no hay agua, no hay trabajo, no existe nada ahí adentro.”

En coincidencia con lo expresado por Baronetto, resaltó que los detenidos vienen denunciando esta situación desde hace tiempo y que nadie los escucha ni atiende sus reclamos. “Tengo denuncias, tengo fotocopias y nunca nadie nos atendió, ni en la Nación.”

Otro de los puntos graves que Baronetto dice que los presos le cuentan cuando él los visita en la cárcel es que el trabajo que realizan dentro del penal, que debe ser remunerado con ciento ochenta pesos, termina siendo pagado con veintinueve pesos. “No hay que olvidarse que muchos de los que trabajan aquí dentro, que tienen buena conducta, les pasan dinero a sus familias”, señala.
Enrique Asbert, delegado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, confirmó a Página/12 que “existen sólo cinco asistentes sociales para atender las demandas de casi mil setecientos internos. Para obtener la buena conducta por parte del Consejo Criminológico, que evalúa la situación de cada preso, éstos necesitan ese informe del trabajador social, que en la mayoría de las veces no tiene el tiempo para realizarlo”.


Noticia extraída de www.klinamen.org

Esperanza, Mariano, la cárcel y la verdad

El pasado 28 de enero, Esperanza Aguirre se levantó, se peinó las mechas, se puso delante de un micrófono y, en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular, clamó por una reforma de las leyes penales y penitenciarias. Cuentan las crónicas que Esperanza afirmó sin pestañear que la actual normativa penal y penitenciaria española es “más permisiva” que la de otros países; que aquí delinquir es “más barato” y que esa y no otra es la razón por la cual “cierto grupo de extranjeros y algunos españoles” prefieren asentarse en España para cometer delitos; y que, como esto no puede ser, hay que llenar las calles de policías y el territorio de presidios. Pocos días después, Mariano Rajoy se levantó, se puso delante de otro micrófono, esta vez en Sevilla, y presentó el programa del PP en materia de seguridad ciudadana, prometiendo además incrementos punitivos a destajo y reformas de la normativa penitenciaria para dificultar la salida de la cárcel, todo lo cual haría de España un país europeo, serio, seguro y feliz.

Llegados a este punto, dudo entre dos opciones. Quizás Esperanza y Mariano no saben lo que dicen -ni les importa- y se limitan a gritar por gritar en la creencia de que eso es lo que su gente de bien quiere oír. O, por qué no, puede ser que Esperanza y Mariano sepan lo que dicen y mientan descaradamente. Afortunadamente, ni estoy en la mente de Esperanza y Mariano ni pertenezco a su entorno, razón por la cual nunca saldré de esta duda. Pero sí tengo la certeza de que a Esperanza y a Mariano la verdad no les merece ningún respeto porque la realidad, como bien le consta a cualquier jurista atento y honesto, es bien distinta. Basten los siguientes datos:

1º) Hace apenas dos meses, España recibió una llamada de atención europea. Fue el mismísimo Consejo de Europa quien alertó a España por su abusivo recurso a la pena de prisión. El Consejo de Europa, a diferencia de Esperanza y de Mariano, sí sabe de lo que habla: las tasas de población reclusa española (130 presos por cada 100.000 habitantes) están muy por encima de los 90 presos de media de los países de la Unión Europea pese a que, en España, las cifras de criminalidad sean ligeramente inferiores a las de esos mismos estados.

2º) En España tenemos más presos porque los tenemos más tiempo en prisión. Según el mismo Consejo de Europa, España es el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. Así, no es de extrañar que la población reclusa española sobrepase la de países con códigos penales -como los balcánicos, escandinavos y Holanda- que, sobre el papel, son más duros.

3º) El estado español, sin embargo, está a la cola en lo que se refiere a la aplicación del régimen abierto. En España, solo el 17% de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.

4º) Los Estados Unidos de América, símbolo de la política penal y penitenciaria de mano dura a la que Esperanza y Mariano miran y admiran, acaban de batir un record histórico. Según los datos ofrecidos por la fundación estadounidense Pew Center on the States (www.pewcenteronthestates.org) por primera vez en la historia uno de cada 100 ciudadanos estadounidenses está entre rejas. O, dicho de otra manera, 2,3 millones de estadounidenses están encarcelados en un país en el que el sistema penitenciario, que absorbe ya el 7% de los presupuestos, arroja unas tasas de criminalidad y reincidencia social y económicamente insostenibles. El problema está tocando techo por lo que no es extraño que algunos de los Estados Unidos de América -y, entre ellos, el paradigmático estado de Texas- hayan comenzado a flexibilizar las condiciones para obtener la libertad vigilada.

5º) Tras diversos estudios empíricos y estadísticos en relación a la reincidencia, existe un consenso absoluto: la tasa de reincidencia en penados sometidos a una medida alternativa a la cárcel es muy inferior a la reincidencia en penados que han pasado por una prisión.

Esperanza y Mariano prometen seguridad y nos dicen que tienen las ideas claras acerca de cómo lograrla. Pero, en mi opinión, mienten. Miente quien describe una realidad -estadística y normativa- que no es cierta. No dice la verdad - y con ellos todo su partido, y con su partido, la práctica totalidad de los partidos políticos que el próximo 9 de marzo concurrirán a las elecciones generales- quien vende seguridad a través de penas más duras y ejércitos de policías en las calles. No es más seguro el país que mete a más gente en la cárcel. No es más justa ni eficaz la pena más larga, pura y simplemente porque, aquí y en el resto del mundo, la inmensa mayoría de quienes cometen los delitos que se persiguen -otra cosa son los que se cometen y no se persiguen- son los pobres, que no tienen por costumbre leer el BOE ni el Código Penal. No debería estar más satisfecha la sociedad que sabe que su ley penal es la más draconiana sino aquella, más valiente y más sabia, que cree en otras vías de eficacia demostrada para evitar el delito y la reincidencia. No es honesto quien no explica a costa de qué otras partidas presupuestarias -quizás sanidad, quizás educación, quizás cultura- va a financiarse el desembarco de policías y la construcción de tantas cárceles. Por lo tanto, queridos Mariano y Esperanza y demás afines, hablen, si quieren, de emotividad, conveniencias y demagogias electorales. Quítense la careta y hablen, por ejemplo, de venganza. También tendrán quienes les voten y les aplaudan. Pero no me hablen de seguridad.

PATRICIA MORENO ARRARÁS, Abogada especialista en derecho penal y penitenciario.

Noticia extraída de www.nodo50.org/tortuga/

La AV de Aluche pide el cierre del CIE de Madrid

La Cárcel de Carabanchel, en Madrid, fue durante 55 años uno de los instrumentos más importante de la represión franquista. En ella estuvieron reclusas muchas de las personas que se oponían al régimen.

Sin embargo a partir de 1999 la cárcel se cerró y a partir de entonces se encuentra en total estado de abandono (http://www.flickr.com/groups/carcelcarabanchel/).

Pero en sus terrenos se encuentra otra cárcel: más escondida, oculta, tan invisible que desde afuera todo parece menos una cárcel.

Estamos hablando del centro de internamiento para extranjeros de Madrid.

Un lugar donde se detienen los y las migrantes sin papeles a la espera de ser expulsados o expulsadas. Ahí se han cometido y siguen cometiéndose violaciones de los derechos humanos (http://www.masvoces.org/spip.php?article1476) contra estas personas, encarceladas de hecho sin haber cometido ningún delito.

De todo eso hablamos con Antonio Abueita, presidente de la Asociación de Vecinos de aluche (http://www.avaluche.com/) .

Él nos explica la batalla de los vecinos para que la cárcel se transforme en un hospital y no se especule con sus terrenos. Y pide, además, que la administración cierre este centro.

Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org

Testimonios de personas detenidas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid.

Los Centros de Internamiento para Extranjeros son lugares donde están detenidas personas provenientes de otros paises. Su unico delito es no estar en regla con los papeles de estancia en el país. Según la ley española, estas personas pueden estar ’retenidas’ hasta 40 dìas.
Sin embargo una directiva europea que va a ser aprobada en enero prevè la prolongación de la estancia hasta 18 meses.

Escucha los testimonios de personas detenidas en el CIE de Aluche, en Madrid, y de sus familiares.

Testimonio de una chica boliviana que estuvo 39 dìas retenida en el CIE

Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org

Testimonio de familiares de personas retenida en un CIE

Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org

Villabona instala una máquina que detecta si existió contacto con drogas o explosivos

El aparato refleja la mera fricción con estas sustancias, aunque se haya producido con horas de antelación.

La prisión de Villabona ha instalado una máquina capaz de detectar si una persona ha tenido contacto físico con drogas o explosivos, que permitirá ejercer un mayor control sobre los presos que salen de permiso y regresan a la cárcel y los visitantes al centro penitenciario. Se trata de una iniciativa pionera de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que por el momento sólo se lleva a cabo en media docena de cárceles españolas, entre ellas la asturiana. En sólo segundos, la máquina revela si una persona tocó o incluso si llevó encima algún tipo de sustancia estupefaciente o explosiva, aunque hayan pasado varias horas desde el contacto.

Su funcionamiento es sencillo: la máquina tiene una especie de «tiritas» desechables que se colocan en una empuñadura conectada al aparato. Esa tira es la que se desliza por el cuerpo -manos, ropa... - de la persona a la que se quiere registrar. A continuación, se separa y se inserta en el interior de la máquina, como si se tratara de un billete de metro. En pocos segundos, el aparato es capaz de reflejar en su pantalla las sustancias que se han tocado -cocaína, heroína, hachís, entre otras drogas, varios tipos de explosivos...- y el grado de contacto (por proximidad en el tiempo). La máquina está instalada en la entrada del dentro penitenciario, junto al escáner y el arco detector de metales.

Con este aparato se pretende estrechar aún más el control sobre el tráfico de drogas en Villabona. El detector se aplica a todos los presos que regresan de permiso a la cárcel, para evitar que introduzcan estupefacientes en el interior, y también a las visitas que van a comunicar con los internos o a los «vis à vis». Estos últimos son una de las formas más habituales de introducir drogas en la cárcel.

De esta forma, si la máquina alerta de contacto con drogas, los funcionarios se ponen sobre aviso con los presos «sospechosos». En el caso de los visitantes, un cartel colocado a la entrada de la cárcel advierte de las consecuencias: si la máquina arroja resultados positivos (hubo contacto), se les solicita permiso para someterlos a un cacheo. En el caso de que se nieguen, podrán irse, pero se les negará la visita al preso y tendrán que marcharse sin verlo siquiera.

-Noticia extraida de www.derechopenitenciario.com