Buenas a todas
Desde ConjuntoVacio queremos deciros que hasta aquí hemos llegado. Hemos aprendido mucho, nos lo hemos pasado muy bien, hemos conocido mucha gente con muchos proyectos interesantes, a los que agradecemos mucho el camino y os pedimos disculpas si en algún caso no hemos sabido o podido hacer todo lo que quisimos hacer.
En las listas de correo que estamos os pedimos que nos deis de baja y bueno, probablemente en muchos espacios nos sigamos viendo pero ya de uno en uno, que el conjunto se queda vacío ya del todo.
Especial agradecimiento a los chavales del grupo de ADSIS con los que realizamos la primera experiencia del proyecto SICUN que fue una experiencia inolvidable para todas nosotras. Tb a la Asamblea del CSOA la REFLEXON, el comité AntiSida de Gijón, la fundación ADSIS, centro social Sestaferia, la Asociación contra la exclusión Alambique, AcSur, Fundación Altarriba, AAVV la Arena de Gijón, y a quién se nos pase en este momento.
Mucho ánimo a todos y mucho ruido, que hace falta
ConjuntoVacío
domingo, 8 de febrero de 2009
lunes, 29 de diciembre de 2008
Recordando a Xosé Tarrío González
El día 2 de enero se cumplen cuatro años de la muerte del compañero Xosé Tarrío González. Xosé pasó más de 16 años en prisión y murió a causa de ella, a causa de años de tortura, enfermedad, aislamiento… Esta charla servirá como recuerdo de su vida y de su lucha, y como un acercamiento a todas las luchas que hoy en día están llevando a cabo sus familiares, sus amigxs y sus compañerxs, como recuerdo y como homenaje tanto a Tarrío como a otrxs muchos presxs que cada día van dejando su vida dentro de las prisiones.
Charla: “Recordando a Xosé Tarrío González” [Sábado 3,18 h]Enero 2009. : Sábado 3 18h -
Charla: "Recordando a Xosé Tarrío González", a cargo de sus familiaresy amigos. El día 2 de enero se cumplen cuatro años de la muerte del compañero Xosé Tarrío González. Xosé pasó más de 16 años en prisión y murió a causa de ella, a causa de años de tortura, enfermedad, aislamiento… Esta charla servirá como recuerdo de su vida y de su lucha, y como un acercamiento a todas las luchas que hoy en día están llevando a cabo sus familiares, sus amigxs y sus compañerxs, como recuerdo y como homenaje tanto a Tarrío como a otrxs muchos presxs que cada día van dejando su vida dentro de las prisiones.
Local anarquista magdalenaC/ Magdalena 29, 2º Izq.
Metro: Antón Martín, Lavapies, Tirso de Molina.
Autobuses: 6, 26, 32.
Durante todo el mes de Diciembre y Enero contaremos en el local con una exposición de láminas de los cuadros que pintó Xosé Tarrío durante su estancia en prisión.
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Cambio de nombre a la carcel de Villabona
Los vecinos de Villabona están movilizándose para cambiar el nombre a la prisión del Principado de Asturias, ya que la imagen mental de Villabona está asociada por todos nostros no a su pequea localidad, sino a la gran cárcel. Desde Conjunto Vacío apoyamos esta iniciativa y os proponemos que escribais como comentario vuestra sugerencia.
Conjunto Vacío
martes, 16 de diciembre de 2008
"Dar afecto a los presos ha sido mi hilo conductor"
Entrevista a Faustino García, creador de un modelo alternativo de cárcel que es referencia en España
54 años. Nací y vivo en Avilés (Asturias). Estoy separado y tengo dos hijas. Licenciado en Criminología. De 1980 a 1984 fui funcionario de vigilancia en centros penitenciarios, y a partir de entonces pasé a ser educador. Mi política es el entendimiento social. Creo en el ser humano.
* ¿Por qué escogió ser celador?
A los 15 años era voluntario en barrios marginales; luego fui militante clandestino en el PSOE y estudié Derecho, pero lo abandoné para trabajar en la construcción: quería integrarme en el movimiento obrero. Años después también abandoné la política, no quería acatar ciertas reglas del juego y acabé en un centro penitenciario, donde podía sentirme realizado.
Siempre he creído en la potencialidad del ser humano, y los hechos y el tiempo me han dado la razón. Entré en la cárcel Modelo en 1980, éramos dos funcionarios para 600 internos. Todo un aprendizaje.
* Suena terrorífico.
Descubrí algo fundamental en lo que muchos años después basé mi modelo de reinserción: las brutales carencias afectivas en las que se mueve el individuo son la excusa para seguir siendo como son, y subsanarlas es la llave para que cambien. Intenté llegar a esas personas acorazadas a través del afecto, y ese ha sido mi hilo conductor.
* ¿Cómo conseguía llegar a ellos?
El panorama era aterrador, idéntico al de El Expreso de Media Noche.En mi primer día, al hacer el recuento de presos, les di los buenos días. Aquello causó un impacto brutal, porque al final se encuentran dos seres humanos y lo que cuenta es lo que hay debajo del uniforme. No he tenido problemas para llegar a los internos, ni siquiera con los de alta conflictividad. Lo he hecho mirándoles a los ojos con una transparencia total.
* ¿Cuál era su función?
Puede ser abrir y cerrar puertas y hacer recuentos, o tenderles la mano y ayudarles a salir de la situación emocional en la que se encuentran. Con un interno puedes o no conversar, y si lo haces, puede ser de temas banales o sobre los temas más profundos relacionados con su propia vida.
* Pero eso es una cosa de dos.
Siempre hay uno que debe aproximarse y arriesgar. Si lo haces y compartes, a veces sufres frustración; pero si de diez veces te funciona una, es suficiente. Así he entendido yo la vida: no desperdiciar la posibilidad.
* Pese a ello, no debió de ser fácil.
Fueron años de sufrimiento, porque el nivel de violación de los derechos humanos y de corrupción en las cárceles en los ochenta era brutal. El proceso democrático no había llegado a la cárcel. Entré en una guerra.
* ¿En qué bando?
O mirabas para otro lado y te hacías cómplice de malos tratos, o te enfrentabas. Elaboré un dossier, se lo entregué al subsecretario de Estado y destituyeron al director.
* ¿Y usted no vivía amenazado?
Sí, temí por mi vida. En 1986 conseguimos cierta humanización de la Modelo: educación y salidas. Nunca nos falló ninguno, quedó clara la potencialidad de esas personas.
* Pero su modelo carcelario no vio la luz hasta que llegó a Asturias en 1992.
Sí, cuando ya había entendido que el proceso de cambio personal debía ir acompañado de un cambio de ambiente. La cárcel es una escuela de delincuencia, de ahí los altos índices de reincidencia. Si todo lo que te rodea es mafia, drogas y violencia, es imposible cambiar y que un preso se sincere, porque eso le debilita frente a un colectivo en el que tiene que ir de duro para sobrevivir.
* ¿Cómo lo hizo?
Empecé en la cárcel de Villabona trabajando la drogodependencia con un grupo del módulo de jóvenes. Los internos iban acercándose por interés, porque conseguíamos permisos; pero para engañarnos tenían que evitar consumir droga en exceso y reducir los conflictos: así empezaron a modificar conductas y a sentirse a gusto con esos cambios. Llegamos a los 70 presos y conseguimos un módulo sólo para nosotros en el que se implantó una serie de reglas.
* ¿De qué tipo?
Un contrato terapéutico en el que se comprometen a no consumir drogas, a denunciar el tráfico y a trabajar por su recuperación. Con el tiempo se sumaron adultos, gente de todos los módulos que quería cambiar de vida y que sabía que si no cumplía, aquel ambiente distendido se iría al garete.
* Entiendo.
Invitamos a los funcionarios a participar tutelando presos: conocer su vida, ser sus amigos, ayudarlos... Una auténtica revolución, ya que, en el mundo carcelario, vigilantes y presos son enemigos, sobreviven amenazándose. Hoy la mitad de los presos de Villabona vive en este tipo de módulos: unidad terapéutica educativa (UTE).
* ¿Cómo se devuelve la ilusión a la gente?
Cuando llega un interno de primer grado, conflictivo entre los conflictivos, con años en régimen de aislamiento, ves claro que la falta de afecto provoca desconfianza, y la desconfianza, tensión y violencia ante todo lo que le rodea. El tratamiento clásico es la represión, pero ante eso están entrenados.
* ¿Qué les da usted?
Sus compañeros del nuevo módulo y yo lo abrazamos y lo dejamos desconcertado, debilitado, se produce un trauma en sentido positivo. En la UTE nadie te ataca, te ofrecen tabaco a cambio de nada, lo único que se te pide es que luches por tu futuro. No es fácil, pero en todo momento están apoyados. Reinsertamos a presos y vigilantes: ambos colectivos son víctimas de un sistema depredador que genera, tanto en un lado como en otro, elementos dañinos. Los funcionarios viven aterrorizados en ese ambiente.
http://www.lavanguardia.es
54 años. Nací y vivo en Avilés (Asturias). Estoy separado y tengo dos hijas. Licenciado en Criminología. De 1980 a 1984 fui funcionario de vigilancia en centros penitenciarios, y a partir de entonces pasé a ser educador. Mi política es el entendimiento social. Creo en el ser humano.
* ¿Por qué escogió ser celador?
A los 15 años era voluntario en barrios marginales; luego fui militante clandestino en el PSOE y estudié Derecho, pero lo abandoné para trabajar en la construcción: quería integrarme en el movimiento obrero. Años después también abandoné la política, no quería acatar ciertas reglas del juego y acabé en un centro penitenciario, donde podía sentirme realizado.
Siempre he creído en la potencialidad del ser humano, y los hechos y el tiempo me han dado la razón. Entré en la cárcel Modelo en 1980, éramos dos funcionarios para 600 internos. Todo un aprendizaje.
* Suena terrorífico.
Descubrí algo fundamental en lo que muchos años después basé mi modelo de reinserción: las brutales carencias afectivas en las que se mueve el individuo son la excusa para seguir siendo como son, y subsanarlas es la llave para que cambien. Intenté llegar a esas personas acorazadas a través del afecto, y ese ha sido mi hilo conductor.
* ¿Cómo conseguía llegar a ellos?
El panorama era aterrador, idéntico al de El Expreso de Media Noche.En mi primer día, al hacer el recuento de presos, les di los buenos días. Aquello causó un impacto brutal, porque al final se encuentran dos seres humanos y lo que cuenta es lo que hay debajo del uniforme. No he tenido problemas para llegar a los internos, ni siquiera con los de alta conflictividad. Lo he hecho mirándoles a los ojos con una transparencia total.
* ¿Cuál era su función?
Puede ser abrir y cerrar puertas y hacer recuentos, o tenderles la mano y ayudarles a salir de la situación emocional en la que se encuentran. Con un interno puedes o no conversar, y si lo haces, puede ser de temas banales o sobre los temas más profundos relacionados con su propia vida.
* Pero eso es una cosa de dos.
Siempre hay uno que debe aproximarse y arriesgar. Si lo haces y compartes, a veces sufres frustración; pero si de diez veces te funciona una, es suficiente. Así he entendido yo la vida: no desperdiciar la posibilidad.
* Pese a ello, no debió de ser fácil.
Fueron años de sufrimiento, porque el nivel de violación de los derechos humanos y de corrupción en las cárceles en los ochenta era brutal. El proceso democrático no había llegado a la cárcel. Entré en una guerra.
* ¿En qué bando?
O mirabas para otro lado y te hacías cómplice de malos tratos, o te enfrentabas. Elaboré un dossier, se lo entregué al subsecretario de Estado y destituyeron al director.
* ¿Y usted no vivía amenazado?
Sí, temí por mi vida. En 1986 conseguimos cierta humanización de la Modelo: educación y salidas. Nunca nos falló ninguno, quedó clara la potencialidad de esas personas.
* Pero su modelo carcelario no vio la luz hasta que llegó a Asturias en 1992.
Sí, cuando ya había entendido que el proceso de cambio personal debía ir acompañado de un cambio de ambiente. La cárcel es una escuela de delincuencia, de ahí los altos índices de reincidencia. Si todo lo que te rodea es mafia, drogas y violencia, es imposible cambiar y que un preso se sincere, porque eso le debilita frente a un colectivo en el que tiene que ir de duro para sobrevivir.
* ¿Cómo lo hizo?
Empecé en la cárcel de Villabona trabajando la drogodependencia con un grupo del módulo de jóvenes. Los internos iban acercándose por interés, porque conseguíamos permisos; pero para engañarnos tenían que evitar consumir droga en exceso y reducir los conflictos: así empezaron a modificar conductas y a sentirse a gusto con esos cambios. Llegamos a los 70 presos y conseguimos un módulo sólo para nosotros en el que se implantó una serie de reglas.
* ¿De qué tipo?
Un contrato terapéutico en el que se comprometen a no consumir drogas, a denunciar el tráfico y a trabajar por su recuperación. Con el tiempo se sumaron adultos, gente de todos los módulos que quería cambiar de vida y que sabía que si no cumplía, aquel ambiente distendido se iría al garete.
* Entiendo.
Invitamos a los funcionarios a participar tutelando presos: conocer su vida, ser sus amigos, ayudarlos... Una auténtica revolución, ya que, en el mundo carcelario, vigilantes y presos son enemigos, sobreviven amenazándose. Hoy la mitad de los presos de Villabona vive en este tipo de módulos: unidad terapéutica educativa (UTE).
* ¿Cómo se devuelve la ilusión a la gente?
Cuando llega un interno de primer grado, conflictivo entre los conflictivos, con años en régimen de aislamiento, ves claro que la falta de afecto provoca desconfianza, y la desconfianza, tensión y violencia ante todo lo que le rodea. El tratamiento clásico es la represión, pero ante eso están entrenados.
* ¿Qué les da usted?
Sus compañeros del nuevo módulo y yo lo abrazamos y lo dejamos desconcertado, debilitado, se produce un trauma en sentido positivo. En la UTE nadie te ataca, te ofrecen tabaco a cambio de nada, lo único que se te pide es que luches por tu futuro. No es fácil, pero en todo momento están apoyados. Reinsertamos a presos y vigilantes: ambos colectivos son víctimas de un sistema depredador que genera, tanto en un lado como en otro, elementos dañinos. Los funcionarios viven aterrorizados en ese ambiente.
http://www.lavanguardia.es
Un total de 242 personas mueren de sida en las cárceles españolas desde el año 2000, 75 de ellos en Andalucía
Un total de 242 personas han muerto de sida en las cárceles españolas desde el año 2000, 75 de ellas en Andalucía, unas cifras que ponen de manifiesto que uno de cada tres fallecidos en prisión por esta enfermedad murieron en la región, en concreto, el 33 por ciento.
Según informó hoy la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado, desde el año 2000 han muerto en la cárcel un total de 1.350 personas, de las cuales 200 fallecieron en 2007, 191 en 2006 y 201 en 2005.
Asimismo, del total de personas enfermas que se encuentran en prisión un diez por ciento tiene sida, por lo que esta asociación 'exigió' al Gobierno central que 'cumpla' la legislación española que establece que el enfermo grave debe ser excarcelado. Además, un 33 por ciento de los internos de las cárceles españolas padece hepatitis C, mientras que en la población española la tasa es del 2 por ciento.
En este sentido, APDHA señaló que la cárcel 'no es el control institucional adecuado que necesita el preso' por razones humanitarias y porque en los centros penitenciarios los servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por médicos de atención primaria, enfermeros y auxiliares de enfermería, de manera que no hay médicos especialistas ni farmacéuticos ni técnicos de radiodiagnóstico.
Según las fuentes, esta 'falta de atención' especializada se deriva de la 'deficiente' coordinación entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, de la pérdida de citas médicas y de la 'inexistencia' de especialistas que acudan a prisión.
En este sentido, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, manifestó que la asistencia sanitaria en prisión 'no es equiparable a la extrapenitenciaria' porque los médicos de prisión son de atención primaria y dependen del Ministerio del Interior, 'cuando deberían depender del Servicio Autonómico de Salud, tal y como se hizo en educación'.
Este aspecto aparece recogido en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud de 28 de mayo de 2003, que dice que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su 'plena' integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en el plazo de 18 meses mediante Real Decreto, 'un plazo que ya ha transcurrido en exceso, sin que se haya dado ni un sólo paso en dicha línea'.
CONTROL INSTITUCIONAL 'MÁS ADECUADO'
Por otra parte, la asociación recordó que existen otros tipos de control institucional 'más adecuados' como son las Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA (VAES), 'que son escasas en Andalucía pues sólo existen tres de titularidad pública que se ubican en Cádiz'.
Ante esta situación, APDHA 'exigió' la excarcelación 'inmediata' de los presos enfermos con padecimientos incurables y que se garantice la atención médica en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, 'para lo que se hace imprescindible la transferencia en materia sanitaria'.
Del mismo modo, pidió que el estado 'asuma' que el incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias y por tanto debe indemnizar, a través de responsabilidad patrimonial prevista también en la ley, a los familiares de los presos fallecidos dentro de prisión.
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1751
Según informó hoy la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado, desde el año 2000 han muerto en la cárcel un total de 1.350 personas, de las cuales 200 fallecieron en 2007, 191 en 2006 y 201 en 2005.
Asimismo, del total de personas enfermas que se encuentran en prisión un diez por ciento tiene sida, por lo que esta asociación 'exigió' al Gobierno central que 'cumpla' la legislación española que establece que el enfermo grave debe ser excarcelado. Además, un 33 por ciento de los internos de las cárceles españolas padece hepatitis C, mientras que en la población española la tasa es del 2 por ciento.
En este sentido, APDHA señaló que la cárcel 'no es el control institucional adecuado que necesita el preso' por razones humanitarias y porque en los centros penitenciarios los servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por médicos de atención primaria, enfermeros y auxiliares de enfermería, de manera que no hay médicos especialistas ni farmacéuticos ni técnicos de radiodiagnóstico.
Según las fuentes, esta 'falta de atención' especializada se deriva de la 'deficiente' coordinación entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, de la pérdida de citas médicas y de la 'inexistencia' de especialistas que acudan a prisión.
En este sentido, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, manifestó que la asistencia sanitaria en prisión 'no es equiparable a la extrapenitenciaria' porque los médicos de prisión son de atención primaria y dependen del Ministerio del Interior, 'cuando deberían depender del Servicio Autonómico de Salud, tal y como se hizo en educación'.
Este aspecto aparece recogido en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud de 28 de mayo de 2003, que dice que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su 'plena' integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en el plazo de 18 meses mediante Real Decreto, 'un plazo que ya ha transcurrido en exceso, sin que se haya dado ni un sólo paso en dicha línea'.
CONTROL INSTITUCIONAL 'MÁS ADECUADO'
Por otra parte, la asociación recordó que existen otros tipos de control institucional 'más adecuados' como son las Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA (VAES), 'que son escasas en Andalucía pues sólo existen tres de titularidad pública que se ubican en Cádiz'.
Ante esta situación, APDHA 'exigió' la excarcelación 'inmediata' de los presos enfermos con padecimientos incurables y que se garantice la atención médica en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, 'para lo que se hace imprescindible la transferencia en materia sanitaria'.
Del mismo modo, pidió que el estado 'asuma' que el incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias y por tanto debe indemnizar, a través de responsabilidad patrimonial prevista también en la ley, a los familiares de los presos fallecidos dentro de prisión.
http://www.derechopenitenciario.com/comun/fichero.asp?id=1751
lunes, 8 de diciembre de 2008
Cuando la ley se hace a golpe de escándaloCuesta
Cuesta abajo y sin frenos hacia una sociedad totalitaria, vindicativa y sin derechos
El endurecimiento de penas por los casos Mari Luz o De Juana hace de España uno de los países más punitivos - Hay más presos, aunque menos delitos. Francia o Alemania tienen una tasa de crímenes violentos mayor. Superamos en 54 puntos la media europea de reclusos por habitante. Txeroki saldría de la cárcel con 74 años y pocas ganas de nuevos atentados. La reincidencia en las agresiones sexuales es inferior a la media.
La ola de indignación que siguió a la cadena de errores judiciales previos al presunto asesinato de la niña Mari Luz Cortés por un pederasta convicto ha llevado a la duplicación de las penas por delitos sexuales. Las protestas por la salida de la cárcel del sanguinario Iñaki de Juana, condenado por 25 asesinatos a 3.000 años de cárcel de los que sólo cumplió 19, ha provocado la creación de la nueva pena de libertad vigilada, que puede sumar 20 años más de controles y comparecencias judiciales a los 30 de prisión con los que se castigan los asesinatos etarras.
La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno la semana pasada tiene relación directa con varios sucesos violentos que han copado titulares y programas de televisión provocando un aluvión de rechazo social. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha tenido inconveniente en reconocerlo: la modificación, que convierte el Código en el más duro de la democracia, se debe en gran parte "a los acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública".
Además, algunas de las medidas estrella de la reforma, como el endurecimiento de penas y la libertad vigilada posterior a la cárcel para los terroristas y los agresores sexuales y pederastas, se presentaron al público después de que el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, fuera recibido en La Moncloa por el presidente del Gobierno.
Se trata de un fenómeno que el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas, Julián Ríos, califica de "populismo punitivo". "Se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y con una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide", explica Ríos.
Coincide con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Octavio García Pérez. "Las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales", explica García Pérez que recuerda que a la hora de legislar, como a la de juzgar, "no se puede ser juez y parte". "Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento", añade el criminalista. "A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal".
Según ambos especialistas, las consecuencias de estas "reformas apresuradas" pueden ser perniciosas. La población reclusa se ha multiplicado exponencialmente hasta llegar a los 73.138 presos, con lo que las cárceles se encuentran totalmente masificadas. "El sistema penitenciario está colapsado, pero lo peor de todo es que los conflictos que dan origen a la delincuencia no desaparecen", sigue Ríos. "Los presos acaban destruidos desde una perspectiva relacional, psicológica y social, porque los objetivos de prevención, proporcionalidad, humanidad, equidad y resocialización no se cumplen", afirma Ríos. "El Estado no se da cuenta de que el Derecho Penal es el instrumento más violento que tiene", concluye.
Lo que mantiene el profesor Ríos lo confirmó la directora general de Instituciones Penitenciarias en la Comisión de Interior del Congreso el pasado 30 de septiembre. De 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de libertad ha crecido más de un 60% hasta llegar a las 62.239, según datos aportados por Mercedes Gallizo. "En los nueve primeros meses de 2008, la población ha crecido un 7,8%, 4.514 personas más, incremento superior al registrado en todo el año 2007", añadió. Al igual que Ríos, Gallizo culpó del enorme incremento "a las sucesivas reformas penales y a la aprobación de nuevas leyes, en particular en relación con la violencia de género y la seguridad vial".
Completando los datos de Instituciones Penitenciarias con las de las prisiones de Cataluña, que tiene transferida la competencia penitenciaria, la cifra total de presos españoles era de 73.138 en la primera semana de noviembre. La tasa de encarcelamiento -reclusos en relación con la población- es una de las más altas de Europa, con 156 reclusos por cada 100.000 habitantes, 54 puntos por encima de la media de la UE, situada en 102, según fuentes de Interior.
Así pues, comparativamente, somos de los que más presos tenemos, pero también de los que sufren menos delincuencia. La tasa de criminalidad española (delitos por cada mil habitantes) se sitúa entre las más bajas del continente. El pasado julio se encontraba en 46,6 delitos por cada 1.000 habitantes y, desde 2003, sigue una tendencia descendente a pesar del crecimiento demográfico experimentado (7,8%) en ese periodo. Si nos fijamos sólo en los delitos más violentos -los que implican violencia física o psíquica sobre la víctima, es decir, los que más escandalizan a la opinión pública- la tasa fue de 2,5 crímenes por cada 1.000 habitantes en 2007, inferior a la de Alemania (2,6), Dinamarca (3,5), Francia (5,1), Holanda (6,8), Bélgica (9,6) o Suecia (10,8), según el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
La nueva pena de libertad vigilada, prevista para terroristas y delincuentes sexuales, tampoco tiene mucho sentido, según los expertos. La prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal prevista en la Constitución impedirá que Iñaki de Juana, uno de los inspiradores de la reforma, la sufra. Tampoco Garikoitz Azpiazu, Txeroki, el jefe de los comandos de ETA detenido el pasado lunes. Pero supongamos que hubiera cometido sus crímenes con la modificación ya en vigor: a los 40 años de cárcel que le caerían con toda probabilidad por los asesinatos de los dos guardias civiles de Capbreton (Francia) y la orden de colocar un coche bomba en la T-4 de Barajas que acabó con la vida de dos ecuatorianos, se podrían sumar otros 20 más de controles policiales, presentaciones periódicas en el juzgado o prohibiciones de acudir a determinados lugares. "El etarra, que ahora tiene 34 años, abandonaría la prisión con 74 años y muy probablemente con pocas posibilidades de volver a cometer atentados. ¿Vamos a poner a la policía y a los jueces a vigilar a ancianos?", se pregunta Octavio García Pérez.
A primera vista, parece que esas medidas tendrían más sentido para violadores, agresores y abusadores sexuales o pederastas, que cumplen penas menos prolongadas y, en algunos casos, salen de la cárcel con riesgo de reincidir. Pero esos casos son mínimos, según el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés, que no cree necesaria una reforma para un grupo tan reducido de personas. En España, según Instituciones Penitenciarias, cumplen condena por agresión sexual unas 2.500 personas. Sin embargo, sólo el 20% vuelve a cometer el delito en los cuatro años siguientes a su salida de prisión, frente al 40% de promedio de todos los delitos.
Ese porcentaje se reduce considerablemente entre los que siguen programas especiales de tratamiento psicológico -enfocados a potenciar sus habilidades de comunicación, su desarrollo emocional y la capacidad de comprender el dolor de la víctima- lo que demostraría que este tipo de medidas de carácter terapéutico son más eficaces que el endurecimiento de penas o la libertad vigilada posterior a la prisión. Un estudio realizado en 2002 en la cárcel de Brians (Barcelona), dirigido por el profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo, reveló que sólo el 4,1% de los que siguieron los programas reincidieron en los cuatro años siguientes a su salida de la cárcel frente al 18,2% de los que no los siguieron.
(...) REPORTAJE COMPLETO EN PDF ADJUNTO
www.derechopenitenciario.com
El endurecimiento de penas por los casos Mari Luz o De Juana hace de España uno de los países más punitivos - Hay más presos, aunque menos delitos. Francia o Alemania tienen una tasa de crímenes violentos mayor. Superamos en 54 puntos la media europea de reclusos por habitante. Txeroki saldría de la cárcel con 74 años y pocas ganas de nuevos atentados. La reincidencia en las agresiones sexuales es inferior a la media.
La ola de indignación que siguió a la cadena de errores judiciales previos al presunto asesinato de la niña Mari Luz Cortés por un pederasta convicto ha llevado a la duplicación de las penas por delitos sexuales. Las protestas por la salida de la cárcel del sanguinario Iñaki de Juana, condenado por 25 asesinatos a 3.000 años de cárcel de los que sólo cumplió 19, ha provocado la creación de la nueva pena de libertad vigilada, que puede sumar 20 años más de controles y comparecencias judiciales a los 30 de prisión con los que se castigan los asesinatos etarras.
La reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno la semana pasada tiene relación directa con varios sucesos violentos que han copado titulares y programas de televisión provocando un aluvión de rechazo social. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no ha tenido inconveniente en reconocerlo: la modificación, que convierte el Código en el más duro de la democracia, se debe en gran parte "a los acontecimientos que conmocionaron a la opinión pública".
Además, algunas de las medidas estrella de la reforma, como el endurecimiento de penas y la libertad vigilada posterior a la cárcel para los terroristas y los agresores sexuales y pederastas, se presentaron al público después de que el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, fuera recibido en La Moncloa por el presidente del Gobierno.
Se trata de un fenómeno que el profesor de Derecho Penitenciario de la Universidad Pontificia Comillas, Julián Ríos, califica de "populismo punitivo". "Se mezclan las ansias de calmar a una opinión pública desinformada y con una percepción tendenciosa del Derecho Penal por parte de los ciudadanos, que gracias a los programas de telebasura creen que todo se arregla con más cárcel. Los políticos son inteligentes y adoptan medidas urgentes para dar lo que la gente les pide", explica Ríos.
Coincide con el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal Octavio García Pérez. "Las reformas penales no se pueden dejar a las víctimas porque están tan inhabilitadas como los criminales", explica García Pérez que recuerda que a la hora de legislar, como a la de juzgar, "no se puede ser juez y parte". "Las leyes no se pueden hacer con un cadáver sobre la mesa porque se pierde la objetividad para seguir la lógica del linchamiento", añade el criminalista. "A las víctimas, lo que hay que ofrecerles es una buena indemnización, ayuda psicológica, servicios sociales..., pero nunca dejar en sus manos la política criminal".
Según ambos especialistas, las consecuencias de estas "reformas apresuradas" pueden ser perniciosas. La población reclusa se ha multiplicado exponencialmente hasta llegar a los 73.138 presos, con lo que las cárceles se encuentran totalmente masificadas. "El sistema penitenciario está colapsado, pero lo peor de todo es que los conflictos que dan origen a la delincuencia no desaparecen", sigue Ríos. "Los presos acaban destruidos desde una perspectiva relacional, psicológica y social, porque los objetivos de prevención, proporcionalidad, humanidad, equidad y resocialización no se cumplen", afirma Ríos. "El Estado no se da cuenta de que el Derecho Penal es el instrumento más violento que tiene", concluye.
Lo que mantiene el profesor Ríos lo confirmó la directora general de Instituciones Penitenciarias en la Comisión de Interior del Congreso el pasado 30 de septiembre. De 2000 a 2008, el número de personas en régimen de privación de libertad ha crecido más de un 60% hasta llegar a las 62.239, según datos aportados por Mercedes Gallizo. "En los nueve primeros meses de 2008, la población ha crecido un 7,8%, 4.514 personas más, incremento superior al registrado en todo el año 2007", añadió. Al igual que Ríos, Gallizo culpó del enorme incremento "a las sucesivas reformas penales y a la aprobación de nuevas leyes, en particular en relación con la violencia de género y la seguridad vial".
Completando los datos de Instituciones Penitenciarias con las de las prisiones de Cataluña, que tiene transferida la competencia penitenciaria, la cifra total de presos españoles era de 73.138 en la primera semana de noviembre. La tasa de encarcelamiento -reclusos en relación con la población- es una de las más altas de Europa, con 156 reclusos por cada 100.000 habitantes, 54 puntos por encima de la media de la UE, situada en 102, según fuentes de Interior.
Así pues, comparativamente, somos de los que más presos tenemos, pero también de los que sufren menos delincuencia. La tasa de criminalidad española (delitos por cada mil habitantes) se sitúa entre las más bajas del continente. El pasado julio se encontraba en 46,6 delitos por cada 1.000 habitantes y, desde 2003, sigue una tendencia descendente a pesar del crecimiento demográfico experimentado (7,8%) en ese periodo. Si nos fijamos sólo en los delitos más violentos -los que implican violencia física o psíquica sobre la víctima, es decir, los que más escandalizan a la opinión pública- la tasa fue de 2,5 crímenes por cada 1.000 habitantes en 2007, inferior a la de Alemania (2,6), Dinamarca (3,5), Francia (5,1), Holanda (6,8), Bélgica (9,6) o Suecia (10,8), según el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
La nueva pena de libertad vigilada, prevista para terroristas y delincuentes sexuales, tampoco tiene mucho sentido, según los expertos. La prohibición de aplicar retroactivamente la ley penal prevista en la Constitución impedirá que Iñaki de Juana, uno de los inspiradores de la reforma, la sufra. Tampoco Garikoitz Azpiazu, Txeroki, el jefe de los comandos de ETA detenido el pasado lunes. Pero supongamos que hubiera cometido sus crímenes con la modificación ya en vigor: a los 40 años de cárcel que le caerían con toda probabilidad por los asesinatos de los dos guardias civiles de Capbreton (Francia) y la orden de colocar un coche bomba en la T-4 de Barajas que acabó con la vida de dos ecuatorianos, se podrían sumar otros 20 más de controles policiales, presentaciones periódicas en el juzgado o prohibiciones de acudir a determinados lugares. "El etarra, que ahora tiene 34 años, abandonaría la prisión con 74 años y muy probablemente con pocas posibilidades de volver a cometer atentados. ¿Vamos a poner a la policía y a los jueces a vigilar a ancianos?", se pregunta Octavio García Pérez.
A primera vista, parece que esas medidas tendrían más sentido para violadores, agresores y abusadores sexuales o pederastas, que cumplen penas menos prolongadas y, en algunos casos, salen de la cárcel con riesgo de reincidir. Pero esos casos son mínimos, según el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga José Luis Díez Ripollés, que no cree necesaria una reforma para un grupo tan reducido de personas. En España, según Instituciones Penitenciarias, cumplen condena por agresión sexual unas 2.500 personas. Sin embargo, sólo el 20% vuelve a cometer el delito en los cuatro años siguientes a su salida de prisión, frente al 40% de promedio de todos los delitos.
Ese porcentaje se reduce considerablemente entre los que siguen programas especiales de tratamiento psicológico -enfocados a potenciar sus habilidades de comunicación, su desarrollo emocional y la capacidad de comprender el dolor de la víctima- lo que demostraría que este tipo de medidas de carácter terapéutico son más eficaces que el endurecimiento de penas o la libertad vigilada posterior a la prisión. Un estudio realizado en 2002 en la cárcel de Brians (Barcelona), dirigido por el profesor de Criminología de la Universidad de Barcelona Santiago Redondo, reveló que sólo el 4,1% de los que siguieron los programas reincidieron en los cuatro años siguientes a su salida de la cárcel frente al 18,2% de los que no los siguieron.
(...) REPORTAJE COMPLETO EN PDF ADJUNTO
www.derechopenitenciario.com
domingo, 7 de diciembre de 2008
La cárcel es un manicomio en todos los siglos
EL PAIS – 19 DE NOVIEMBRE DE 2.008
La cárcel es el manicomio del siglo XXI
La reforma psiquiátrica de los ochenta dejó lagunas sin resolver - La mayor
atención a personas con problemas mentales evitaría delitos, pero faltan
medios
MARÍA R. SAHUQUILLO 19/11/2008
A veces, al horror del encierro en la cárcel se le añade el de no poder huir de la propia
mente. Tristeza infinita, angustia vital, impulso de infligirse dolor o voces imaginarias.
Muchos comenzaron ese intento de fuga de sí mismos mucho antes de vivir entre muros y
barrotes. Uno de cada cuatro reclusos españoles (el 25%) padece alguna enfermedad
mental, según datos de Instituciones Penitenciarias, tal y como explica su secretaria general,
Mercedes Gallizo. No sólo eso, la mayoría de ellos (el 17,6%) tiene antecedentes
psiquiátricos previos a su ingreso en prisión. La falta de detección y de atención adecuada -
muchas veces motivada por la saturación de los centros especializados- provocan que
muchos de estos enfermos pierdan el contacto con la realidad, caigan en la marginalidad y
terminen cometiendo algún delito. Dos décadas después de la reforma que cerró los
psiquiátricos, muchos consideran que las prisiones se han convertido en los manicomios
del siglo XXI.
"La reforma de salud mental no dio alternativas. Traspasó la responsabilidad del cuidado de
esos enfermos a los familiares", sostiene el subdirector general de Coordinación de Sanidad
Penitenciaria, José Manuel Arroyo Cobo. Ese cambio era necesario, explica, pero el
traspaso de la atención de estos enfermos a las comunidades no ha sido suficiente. El
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, define esa reforma
que derribó los psiquiátricos como "decisiva". Sin embargo, sostiene que queda mucho por
hacer. "Hay enormes desigualdades en el tratamiento de estos enfermos en las
comunidades. La reforma requiere una reevaluación completa", cree.
Alberto Rodríguez no sabe de reformas ni de otras cuestiones técnicas. Pero conoce bien la
cárcel. Pasea por el patio del centro penitenciario de Aranjuez y se ajusta la cazadora en un
intento de alejar el aire gélido de la mañana. Han pasado seis años desde que pisó por
primera vez ese patio que ahora podría reconstruir de memoria. Palmo a palmo, grieta a
grieta. Falta un día para que le den el tercer grado y está eufórico. Sólo tendrá que ir a la
cárcel a dormir. "Estoy encantado". Recuerda el momento en el que ingresó como si fuera
ayer. "Me enviaron directo a la enfermería", cuenta. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide.
El problema de Alberto era que escuchaba voces. Voces que no le decían "nada bueno".
Un soniquete que se fue haciendo más pesado según iban apareciendo nuevas velitas en su
tarta de cumpleaños. Una vez, cuando era pequeño, sus padres le llevaron a un psiquiatra.
"No me gustó y no volví más". Se levanta la chaqueta, el jersey y la camiseta y enseña el
pecho y los brazos llenos de cicatrices. "En las crisis que me daban me intentaba cortar, me
tragaba cosas...", dice. Alberto dejó de estudiar y encontró un trabajo de camarero en un
restaurante muy conocido de Madrid. Y las voces seguían, quedas y de cuando en cuando,
pero hablaban. Empezó a tomar drogas. Sustancias que al principio lograban aplacar esas
malditas voces. Pero luego fue peor. Un día "algo pasó" y se vio involucrado en un par de
robos con violencia. El juez le condenó a ocho años y siete meses.
Como Alberto, un 2,6% de los 73.138 reclusos que hay en España tiene antecedentes de
trastorno psicótico. Además, un 9,6% de los internos de las prisiones normales -los presos
de los psiquiátricos penitenciarios no están incluidos- tiene precedentes de patología dual al
sumar el consumo de drogas a su enfermedad. Una mezcla "cada vez más común", según
Miguel Gutiérrez. El 6,9% tiene antecedentes de un trastorno afectivo y un porcentaje igual
padece algún trastorno de la personalidad. La radiografía de cifras del último informe de
Prisiones revela además que el 3,2% de los reclusos ha estado en algún centro psiquiátrico
antes de su ingreso en prisión.
Eso, a pesar de que en España sólo queda algún resquicio de estos centros. El panorama es
desigual. El País Vasco cuenta con tres. Andalucía los cerró todos. Por no hablar de que
sólo existen 580 plazas para los reclusos con enfermedades mentales, en los dos únicos
psiquiátricos penitenciarios (en Sevilla y en Alicante).
Pero detrás de estos fríos porcentajes hay historias de familias desbordadas. De ríos de
lágrimas derramadas. De miedo. De desconocimiento. Para Mercedes Gallizo, muchos de
estos presos "no habrían cometido ningún delito" si hubieran recibido el tratamiento
psicológico que precisaban. También lo cree Orlanda Varela, psiquiatra en la cárcel de
Valdemoro. "Si hubieran estado correctamente atendidos fuera, un altísimo porcentaje de
los delitos podrían haberse evitado", dice. Pero no fue así, delinquieron y ahora viven en la
cárcel. Un lugar "poco adecuado" para enfermos de este tipo, según Arroyo Cobo.
Pero, ¿qué está sucediendo para que enfermos que han dado señales de estarlo no estén
recibiendo el tratamiento adecuado? "La búsqueda de la receta milagrosa que termine con
el dolor cotidiano o la ansiedad inunda las consultas y desplaza en muchas ocasiones
problemas más graves que quedan sin diagnóstico o sin el tratamiento adecuado", sostiene
Gutiérrez. Una queja repetida por muchos expertos como Varela, con más de cuatro años
de experiencia en centros penitenciarios. "No podemos psiquiatrizar la vida privada y
pretender luego que se pueda dar prioridad a las enfermedades realmente graves", apunta.
"Hay mucha patología de poca monta que satura los servicios", remata Arroyo Cobo.
Éste es uno de los motivos por los que el enfermo psicótico es el que menos prestaciones
recibe, según el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. "Otros lo han
desplazado. Algo que habría que evitar poniendo filtros", dice. Pero no los hay y los
psiquiatras están saturados.
"Faltan centros especializados. Hay muy poca oferta asistencial", opina el subdirector
general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Apunta otro motivo: "En España no se
puede obligar a una persona a someterse a tratamiento. La única manera es inhabilitarle e
ingresarle en un centro forzoso. Un proceso largo y que además no sirve como medida
urgente. Por eso, aparte de que apenas existen lugares de internamiento, es necesario que
haya más centros de salud mental y atención. Además, obligar a un enfermo a someterse a
tratamiento es estigmatizador", dice.
La Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental y Familiares (Feafes)
también critica esa falta de medios. "Por cada 30.000 cartillas sanitarias debería haber un
equipo completo de salud mental: un psiquiatra, dos psicólogos, dos enfermeros y dos
auxiliares clínicos, un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un auxiliar
administrativo; es decir, 14 personas", sostiene su presidente, José María Sánchez Monge.
"Las unidades que hay ahora mismo son tan incompletas que ni siquiera nos acercamos a
esas cifras", analiza.
Carencias que también tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad, que ha promovido una
Estrategia en Salud Mental, un plan basado en la prevención y en la erradicación del
estigma asociado a las personas que padecen enfermedades mentales. Pero la falta de
detección y de atención de estas enfermedades no es el motivo único de que un alto
porcentaje de los reclusos de las cárceles españolas lleguen con alguna enfermedad mental.
"También hay que tener en cuenta otras variables, como el aumento de la población
penitenciaria y el crecimiento de las personas que viven en una situación de marginalidad",
asegura el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y es que, según Feafes, entre
el 20% y el 30% de las personas que viven en la calle padecen algún tipo de enfermedad
mental.
Arroyo también menciona este factor. Tiene 20 años de experiencia en centros
penitenciarios. Desde que, siendo aún estudiante de medicina, llegó a la enfermería de uno
de ellos para investigar para su tesis hasta ahora, como subdirector general de Coordinación
de Sanidad Penitenciaria. Pero para él, que ha visto centenares de casos como el de Alberto,
el punto fundamental que puede desencadenarlo todo es que el enfermo pierda el contacto
con la realidad, abandonando, por ejemplo su casa. "Por eso es tan necesaria una actuación
previa", sostiene.
Sin embargo, hasta llegar a ese punto el enfermo y su familia pueden haber dado bandazos
de un centro a otro tratando de buscar un diagnóstico. Un monstruo muchas veces
desconocido hasta que la palabra aparece escrita en el historial médico del ser querido.
Araceli Carrillo lo sabe muy bien. Nada sabía de enfermedades mentales hasta que a su
amigo Rafael (nombre supuesto) le pasó lo que le pasó. El chico estaba triste y apático.
Tenía 17 años y ya no quería salir. Ni estudiar. Ni nada. "No sabíamos qué le pasaba.
Pensábamos que eran cosas de la adolescencia", dice. Hasta que las cosas se torcieron y
recibieron una llamada que les avisaba de que Rafael estaba detenido y en el calabozo.
"Ingresó en prisión a la espera de juicio. Nada más llegar le metieron en la enfermería",
comenta. Tenía esquizofrenia. Araceli explica que Rafael sí había ido al médico. Pero nadie
supo dar con lo que le ocurría.
Nadie lo supo hasta que llegó a la cárcel. Por eso Arroyo destaca el papel de la prevención.
Pone de ejemplo el caso del Reino Unido. Allí, asegura, se ha implantado un mecanismo de
control de problemas de salud mental en las comisarías. "En una ciudad como Bristol se
dan 800 casos sospechosos al año. De ellos, un tercio terminan ingresados en algún
centro", dice.
Pero, qué sucede una vez que estos enfermos entran en la cárcel, un ambiente que los
expertos tachan de negativo. "Por mucho que se haga dentro, salen mucho peor de lo que
entran", dice Carrillo, que desde que Rafael entró en prisión se ha hecho miembro de
Feafes. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría también considera la cárcel
un lugar inadecuado para estos enfermos. "Debería haber dispositivos intraprisón", sostiene.
Arroyo explica que para mejorar la vida de los enfermos mentales de los centros
penitenciarios y evitar su estigmatización, Instituciones Penitenciarias ha creado el
Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem). Se basa en la
detección de los trastornos y, una vez diagnosticados, en mejorar la vida de los enfermos,
aumentar su autonomía y la adaptación al entorno. Además, el Paiem intenta fomentar la
reincorporación social de estos reclusos.
Es el caso de Gustavo. Tiene 37 años y acaba de empezar 2º de Derecho por la UNED
desde la cárcel de Aranjuez. Tiene una enfermedad mental y lleva siete años y cinco meses
en la cárcel. "Aún me queda casi otro tanto", dice. Ésta es su segunda condena. En la
primera también tuvo tratamiento médico para su enfermedad. "Pero recaí en las drogas y
todo se fue a la mierda...", dice. Reconoce haber experimentado los síntomas antes de su
primera entrada en prisión, pero dice que nunca fue a que le diagnosticaran. "Tampoco
nadie me dijo que podría ser una enfermedad", dice. Nada más llegar entró en el programa
de Prevención de Suicidio, dentro del Paiem. "Lo pasé fatal... Cada día me levantaba con
ganas de quitarme la vida", dice.
A Bernardino le pasó lo mismo. Con una diferencia. Sus problemas empezaron en la cárcel
y por su condena. "Estoy aquí por homicidio imprudente. Era guardia de seguridad y dos
personas murieron por mi culpa. Todos los días me digo que el que tendría que estar
muerto soy yo", cuenta con lágrimas en los ojos. Bernardino, como Gustavo, también se ha
decidido por estudiar Derecho. "A todos los presos nos da por lo mismo", intenta
bromear.
Este recluso alto y espigado ya ha abandonado la enfermería del centro penitenciario de
Aranjuez. Allí permanecen todavía otros como Miguel Ángel o Francisco. El primero tiene
esquizofrenia paranoide; el segundo, una depresión grave. A los dos aún les queda bastante
para salir. Lo matan estudiando. Francisco tiene sobre la mesa de su habitación una decena
de libros sobre la Biblia. Miguel Ángel se dedica a la informática. "Me gusta mucho", dice.
No quiere hablar de las crisis que le llevaron a la enfermería. Tampoco profundizar sobre el
delito que cometió. "Pegué a mi novia". Algo, que, según los médicos que le tratan, tuvo
mucho que ver con su enfermedad.
A Alberto no le importa recordar su etapa en la enfermería. "Lo pasé muy mal pero salí.
Logré hacerlo...". Se acelera cuando habla de todo lo que le espera fuera. "Una ONG me ha
buscado un trabajo y mis padres también me van a ayudar mucho". Se le iluminan los ojos.
Lejos, muy lejos quedan ya las crisis que le dejaron el cuerpo cubierto de cicatrices y el
miedo a su enfermedad.
La cárcel es el manicomio del siglo XXI
La reforma psiquiátrica de los ochenta dejó lagunas sin resolver - La mayor
atención a personas con problemas mentales evitaría delitos, pero faltan
medios
MARÍA R. SAHUQUILLO 19/11/2008
A veces, al horror del encierro en la cárcel se le añade el de no poder huir de la propia
mente. Tristeza infinita, angustia vital, impulso de infligirse dolor o voces imaginarias.
Muchos comenzaron ese intento de fuga de sí mismos mucho antes de vivir entre muros y
barrotes. Uno de cada cuatro reclusos españoles (el 25%) padece alguna enfermedad
mental, según datos de Instituciones Penitenciarias, tal y como explica su secretaria general,
Mercedes Gallizo. No sólo eso, la mayoría de ellos (el 17,6%) tiene antecedentes
psiquiátricos previos a su ingreso en prisión. La falta de detección y de atención adecuada -
muchas veces motivada por la saturación de los centros especializados- provocan que
muchos de estos enfermos pierdan el contacto con la realidad, caigan en la marginalidad y
terminen cometiendo algún delito. Dos décadas después de la reforma que cerró los
psiquiátricos, muchos consideran que las prisiones se han convertido en los manicomios
del siglo XXI.
"La reforma de salud mental no dio alternativas. Traspasó la responsabilidad del cuidado de
esos enfermos a los familiares", sostiene el subdirector general de Coordinación de Sanidad
Penitenciaria, José Manuel Arroyo Cobo. Ese cambio era necesario, explica, pero el
traspaso de la atención de estos enfermos a las comunidades no ha sido suficiente. El
vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, define esa reforma
que derribó los psiquiátricos como "decisiva". Sin embargo, sostiene que queda mucho por
hacer. "Hay enormes desigualdades en el tratamiento de estos enfermos en las
comunidades. La reforma requiere una reevaluación completa", cree.
Alberto Rodríguez no sabe de reformas ni de otras cuestiones técnicas. Pero conoce bien la
cárcel. Pasea por el patio del centro penitenciario de Aranjuez y se ajusta la cazadora en un
intento de alejar el aire gélido de la mañana. Han pasado seis años desde que pisó por
primera vez ese patio que ahora podría reconstruir de memoria. Palmo a palmo, grieta a
grieta. Falta un día para que le den el tercer grado y está eufórico. Sólo tendrá que ir a la
cárcel a dormir. "Estoy encantado". Recuerda el momento en el que ingresó como si fuera
ayer. "Me enviaron directo a la enfermería", cuenta. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide.
El problema de Alberto era que escuchaba voces. Voces que no le decían "nada bueno".
Un soniquete que se fue haciendo más pesado según iban apareciendo nuevas velitas en su
tarta de cumpleaños. Una vez, cuando era pequeño, sus padres le llevaron a un psiquiatra.
"No me gustó y no volví más". Se levanta la chaqueta, el jersey y la camiseta y enseña el
pecho y los brazos llenos de cicatrices. "En las crisis que me daban me intentaba cortar, me
tragaba cosas...", dice. Alberto dejó de estudiar y encontró un trabajo de camarero en un
restaurante muy conocido de Madrid. Y las voces seguían, quedas y de cuando en cuando,
pero hablaban. Empezó a tomar drogas. Sustancias que al principio lograban aplacar esas
malditas voces. Pero luego fue peor. Un día "algo pasó" y se vio involucrado en un par de
robos con violencia. El juez le condenó a ocho años y siete meses.
Como Alberto, un 2,6% de los 73.138 reclusos que hay en España tiene antecedentes de
trastorno psicótico. Además, un 9,6% de los internos de las prisiones normales -los presos
de los psiquiátricos penitenciarios no están incluidos- tiene precedentes de patología dual al
sumar el consumo de drogas a su enfermedad. Una mezcla "cada vez más común", según
Miguel Gutiérrez. El 6,9% tiene antecedentes de un trastorno afectivo y un porcentaje igual
padece algún trastorno de la personalidad. La radiografía de cifras del último informe de
Prisiones revela además que el 3,2% de los reclusos ha estado en algún centro psiquiátrico
antes de su ingreso en prisión.
Eso, a pesar de que en España sólo queda algún resquicio de estos centros. El panorama es
desigual. El País Vasco cuenta con tres. Andalucía los cerró todos. Por no hablar de que
sólo existen 580 plazas para los reclusos con enfermedades mentales, en los dos únicos
psiquiátricos penitenciarios (en Sevilla y en Alicante).
Pero detrás de estos fríos porcentajes hay historias de familias desbordadas. De ríos de
lágrimas derramadas. De miedo. De desconocimiento. Para Mercedes Gallizo, muchos de
estos presos "no habrían cometido ningún delito" si hubieran recibido el tratamiento
psicológico que precisaban. También lo cree Orlanda Varela, psiquiatra en la cárcel de
Valdemoro. "Si hubieran estado correctamente atendidos fuera, un altísimo porcentaje de
los delitos podrían haberse evitado", dice. Pero no fue así, delinquieron y ahora viven en la
cárcel. Un lugar "poco adecuado" para enfermos de este tipo, según Arroyo Cobo.
Pero, ¿qué está sucediendo para que enfermos que han dado señales de estarlo no estén
recibiendo el tratamiento adecuado? "La búsqueda de la receta milagrosa que termine con
el dolor cotidiano o la ansiedad inunda las consultas y desplaza en muchas ocasiones
problemas más graves que quedan sin diagnóstico o sin el tratamiento adecuado", sostiene
Gutiérrez. Una queja repetida por muchos expertos como Varela, con más de cuatro años
de experiencia en centros penitenciarios. "No podemos psiquiatrizar la vida privada y
pretender luego que se pueda dar prioridad a las enfermedades realmente graves", apunta.
"Hay mucha patología de poca monta que satura los servicios", remata Arroyo Cobo.
Éste es uno de los motivos por los que el enfermo psicótico es el que menos prestaciones
recibe, según el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. "Otros lo han
desplazado. Algo que habría que evitar poniendo filtros", dice. Pero no los hay y los
psiquiatras están saturados.
"Faltan centros especializados. Hay muy poca oferta asistencial", opina el subdirector
general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Apunta otro motivo: "En España no se
puede obligar a una persona a someterse a tratamiento. La única manera es inhabilitarle e
ingresarle en un centro forzoso. Un proceso largo y que además no sirve como medida
urgente. Por eso, aparte de que apenas existen lugares de internamiento, es necesario que
haya más centros de salud mental y atención. Además, obligar a un enfermo a someterse a
tratamiento es estigmatizador", dice.
La Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental y Familiares (Feafes)
también critica esa falta de medios. "Por cada 30.000 cartillas sanitarias debería haber un
equipo completo de salud mental: un psiquiatra, dos psicólogos, dos enfermeros y dos
auxiliares clínicos, un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un auxiliar
administrativo; es decir, 14 personas", sostiene su presidente, José María Sánchez Monge.
"Las unidades que hay ahora mismo son tan incompletas que ni siquiera nos acercamos a
esas cifras", analiza.
Carencias que también tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad, que ha promovido una
Estrategia en Salud Mental, un plan basado en la prevención y en la erradicación del
estigma asociado a las personas que padecen enfermedades mentales. Pero la falta de
detección y de atención de estas enfermedades no es el motivo único de que un alto
porcentaje de los reclusos de las cárceles españolas lleguen con alguna enfermedad mental.
"También hay que tener en cuenta otras variables, como el aumento de la población
penitenciaria y el crecimiento de las personas que viven en una situación de marginalidad",
asegura el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y es que, según Feafes, entre
el 20% y el 30% de las personas que viven en la calle padecen algún tipo de enfermedad
mental.
Arroyo también menciona este factor. Tiene 20 años de experiencia en centros
penitenciarios. Desde que, siendo aún estudiante de medicina, llegó a la enfermería de uno
de ellos para investigar para su tesis hasta ahora, como subdirector general de Coordinación
de Sanidad Penitenciaria. Pero para él, que ha visto centenares de casos como el de Alberto,
el punto fundamental que puede desencadenarlo todo es que el enfermo pierda el contacto
con la realidad, abandonando, por ejemplo su casa. "Por eso es tan necesaria una actuación
previa", sostiene.
Sin embargo, hasta llegar a ese punto el enfermo y su familia pueden haber dado bandazos
de un centro a otro tratando de buscar un diagnóstico. Un monstruo muchas veces
desconocido hasta que la palabra aparece escrita en el historial médico del ser querido.
Araceli Carrillo lo sabe muy bien. Nada sabía de enfermedades mentales hasta que a su
amigo Rafael (nombre supuesto) le pasó lo que le pasó. El chico estaba triste y apático.
Tenía 17 años y ya no quería salir. Ni estudiar. Ni nada. "No sabíamos qué le pasaba.
Pensábamos que eran cosas de la adolescencia", dice. Hasta que las cosas se torcieron y
recibieron una llamada que les avisaba de que Rafael estaba detenido y en el calabozo.
"Ingresó en prisión a la espera de juicio. Nada más llegar le metieron en la enfermería",
comenta. Tenía esquizofrenia. Araceli explica que Rafael sí había ido al médico. Pero nadie
supo dar con lo que le ocurría.
Nadie lo supo hasta que llegó a la cárcel. Por eso Arroyo destaca el papel de la prevención.
Pone de ejemplo el caso del Reino Unido. Allí, asegura, se ha implantado un mecanismo de
control de problemas de salud mental en las comisarías. "En una ciudad como Bristol se
dan 800 casos sospechosos al año. De ellos, un tercio terminan ingresados en algún
centro", dice.
Pero, qué sucede una vez que estos enfermos entran en la cárcel, un ambiente que los
expertos tachan de negativo. "Por mucho que se haga dentro, salen mucho peor de lo que
entran", dice Carrillo, que desde que Rafael entró en prisión se ha hecho miembro de
Feafes. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría también considera la cárcel
un lugar inadecuado para estos enfermos. "Debería haber dispositivos intraprisón", sostiene.
Arroyo explica que para mejorar la vida de los enfermos mentales de los centros
penitenciarios y evitar su estigmatización, Instituciones Penitenciarias ha creado el
Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem). Se basa en la
detección de los trastornos y, una vez diagnosticados, en mejorar la vida de los enfermos,
aumentar su autonomía y la adaptación al entorno. Además, el Paiem intenta fomentar la
reincorporación social de estos reclusos.
Es el caso de Gustavo. Tiene 37 años y acaba de empezar 2º de Derecho por la UNED
desde la cárcel de Aranjuez. Tiene una enfermedad mental y lleva siete años y cinco meses
en la cárcel. "Aún me queda casi otro tanto", dice. Ésta es su segunda condena. En la
primera también tuvo tratamiento médico para su enfermedad. "Pero recaí en las drogas y
todo se fue a la mierda...", dice. Reconoce haber experimentado los síntomas antes de su
primera entrada en prisión, pero dice que nunca fue a que le diagnosticaran. "Tampoco
nadie me dijo que podría ser una enfermedad", dice. Nada más llegar entró en el programa
de Prevención de Suicidio, dentro del Paiem. "Lo pasé fatal... Cada día me levantaba con
ganas de quitarme la vida", dice.
A Bernardino le pasó lo mismo. Con una diferencia. Sus problemas empezaron en la cárcel
y por su condena. "Estoy aquí por homicidio imprudente. Era guardia de seguridad y dos
personas murieron por mi culpa. Todos los días me digo que el que tendría que estar
muerto soy yo", cuenta con lágrimas en los ojos. Bernardino, como Gustavo, también se ha
decidido por estudiar Derecho. "A todos los presos nos da por lo mismo", intenta
bromear.
Este recluso alto y espigado ya ha abandonado la enfermería del centro penitenciario de
Aranjuez. Allí permanecen todavía otros como Miguel Ángel o Francisco. El primero tiene
esquizofrenia paranoide; el segundo, una depresión grave. A los dos aún les queda bastante
para salir. Lo matan estudiando. Francisco tiene sobre la mesa de su habitación una decena
de libros sobre la Biblia. Miguel Ángel se dedica a la informática. "Me gusta mucho", dice.
No quiere hablar de las crisis que le llevaron a la enfermería. Tampoco profundizar sobre el
delito que cometió. "Pegué a mi novia". Algo, que, según los médicos que le tratan, tuvo
mucho que ver con su enfermedad.
A Alberto no le importa recordar su etapa en la enfermería. "Lo pasé muy mal pero salí.
Logré hacerlo...". Se acelera cuando habla de todo lo que le espera fuera. "Una ONG me ha
buscado un trabajo y mis padres también me van a ayudar mucho". Se le iluminan los ojos.
Lejos, muy lejos quedan ya las crisis que le dejaron el cuerpo cubierto de cicatrices y el
miedo a su enfermedad.
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