Un total de 242 personas mueren de sida en las cárceles españolas desde el año 2000, 75 de ellos en Andalucía

Un total de 242 personas han muerto de sida en las cárceles españolas desde el año 2000, 75 de ellas en Andalucía, unas cifras que ponen de manifiesto que uno de cada tres fallecidos en prisión por esta enfermedad murieron en la región, en concreto, el 33 por ciento.
Según informó hoy la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado, desde el año 2000 han muerto en la cárcel un total de 1.350 personas, de las cuales 200 fallecieron en 2007, 191 en 2006 y 201 en 2005.
Asimismo, del total de personas enfermas que se encuentran en prisión un diez por ciento tiene sida, por lo que esta asociación 'exigió' al Gobierno central que 'cumpla' la legislación española que establece que el enfermo grave debe ser excarcelado. Además, un 33 por ciento de los internos de las cárceles españolas padece hepatitis C, mientras que en la población española la tasa es del 2 por ciento.
En este sentido, APDHA señaló que la cárcel 'no es el control institucional adecuado que necesita el preso' por razones humanitarias y porque en los centros penitenciarios los servicios médicos están diseñados como equipos de atención primaria, formados por médicos de atención primaria, enfermeros y auxiliares de enfermería, de manera que no hay médicos especialistas ni farmacéuticos ni técnicos de radiodiagnóstico.
Según las fuentes, esta 'falta de atención' especializada se deriva de la 'deficiente' coordinación entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, de la pérdida de citas médicas y de la 'inexistencia' de especialistas que acudan a prisión.
En este sentido, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, manifestó que la asistencia sanitaria en prisión 'no es equiparable a la extrapenitenciaria' porque los médicos de prisión son de atención primaria y dependen del Ministerio del Interior, 'cuando deberían depender del Servicio Autonómico de Salud, tal y como se hizo en educación'.
Este aspecto aparece recogido en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del sistema Nacional de Salud de 28 de mayo de 2003, que dice que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias debían ser transferidos a las comunidades autónomas para su 'plena' integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud en el plazo de 18 meses mediante Real Decreto, 'un plazo que ya ha transcurrido en exceso, sin que se haya dado ni un sólo paso en dicha línea'.
CONTROL INSTITUCIONAL 'MÁS ADECUADO'
Por otra parte, la asociación recordó que existen otros tipos de control institucional 'más adecuados' como son las Viviendas de Apoyo a Enfermos de SIDA (VAES), 'que son escasas en Andalucía pues sólo existen tres de titularidad pública que se ubican en Cádiz'.
Ante esta situación, APDHA 'exigió' la excarcelación 'inmediata' de los presos enfermos con padecimientos incurables y que se garantice la atención médica en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, 'para lo que se hace imprescindible la transferencia en materia sanitaria'.
Del mismo modo, pidió que el estado 'asuma' que el incumplimiento de la ley tiene unas consecuencias y por tanto debe indemnizar, a través de responsabilidad patrimonial prevista también en la ley, a los familiares de los presos fallecidos dentro de prisión.

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