viernes, 28 de marzo de 2008
miércoles, 19 de marzo de 2008
Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba, Argentina.
Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba.
Un pabellón fue ocupado en una prisión del barrio San Martín tras un fallido intento de fuga. Hay dos guardias de rehenes.
Página 12
“Ahí adentro no hay agua, comida, nada”
Los baños están colapsados, no alcanza la comida, se corta el agua. El trabajo de los presos se paga menos de lo estipulado legalmente. Y no reciben asistencia jurídica adecuada. “Se violan sistemáticamente los derechos humanos”, denuncia un funcionario municipal.
Después del motín, los guardias eran liberados en tandas: aquí uno de ellos se abraza con su padre.
Sin despeinarse, fortalecido por la culminación de la revuelta carcelaria más impresionante de la historia cordobesa que dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos graves, según información oficial, el jefe de Policía de Córdoba, el comisario Jorge Rodríguez, dijo que la Unidad Penitenciaria de San Martín, construida en 1889, hace casi ciento veinte años, seguirá siendo el penal de la capital cordobesa, aunque todos los especialistas en seguridad sostienen que esta cárcel no reúne la condiciones de seguridad necesarias y que su estructura es “deficiente y vetusta”, que el personal del Servicio Penitenciario es “insuficiente” (50 guardiacárceles por turno para 1700 internos), además de estar ubicada en el corazón de la ciudad, hecho que potencia al máximo su peligrosidad para la población.
Con una capacidad para 800 internos y una población de 1700, el doble de lo permitido, viola abiertamente lo que dice la Constitución Nacional, que dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Cualquiera que haya podido transitar las instalaciones del penal de San Martín podrá corroborar que lejos de satisfacer la demanda constitucional, sus instalaciones pisotean los derechos de cualquier ser humano, aunque haya cometido un delito grave. “En forma sistemática se corta el servicio de agua, los baños están colapsados, la comida es pésima y el hacinamiento que genera la superpoblación provoca un clima de tensión y violencia entre los internos casi en forma permanente”, advertía Luis Miguel Barone-tto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, que fue solicitado como garante por una gran cantidad de presos en estos dos días de furia y que conoce la situación de muchos de ellos.
Además de las paupérrimas condiciones edilicias del penal, Baronetto remarca que el motín que estremeció a toda una ciudad se viene “cultivando” desde hace mucho tiempo. “Hay dos motivos por los cuales los presos viven en un estado latente de violencia y que prepararon el terreno de lo sucedido: las condiciones carcelarias que padecen, que son inhumanas, y su situación judicial. No hay revisión de sus causas por parte de funcionarios judiciales, no reciben asistencia jurídica y la mayoría debe apelar a lo que se conoce como ‘derecho propio’, es decir, defenderse por sus propios medios sin abogados.”
Raúl, un ex presidiario que salió en libertad hace seis meses y que estuvo entre los rehenes, funcionó de mediador en algunos momentos del conflicto. “En San Martín no existen los derechos humanos, casi la mitad de los que están presos acá son chicos que no superan los 23 años, que deben padecer el incumplimiento de la ley 24.660. No hay comida, no hay agua, no hay trabajo, no existe nada ahí adentro.”
En coincidencia con lo expresado por Baronetto, resaltó que los detenidos vienen denunciando esta situación desde hace tiempo y que nadie los escucha ni atiende sus reclamos. “Tengo denuncias, tengo fotocopias y nunca nadie nos atendió, ni en la Nación.”
Otro de los puntos graves que Baronetto dice que los presos le cuentan cuando él los visita en la cárcel es que el trabajo que realizan dentro del penal, que debe ser remunerado con ciento ochenta pesos, termina siendo pagado con veintinueve pesos. “No hay que olvidarse que muchos de los que trabajan aquí dentro, que tienen buena conducta, les pasan dinero a sus familias”, señala.
Enrique Asbert, delegado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, confirmó a Página/12 que “existen sólo cinco asistentes sociales para atender las demandas de casi mil setecientos internos. Para obtener la buena conducta por parte del Consejo Criminológico, que evalúa la situación de cada preso, éstos necesitan ese informe del trabajador social, que en la mayoría de las veces no tiene el tiempo para realizarlo”.
Noticia extraída de www.klinamen.org
Un pabellón fue ocupado en una prisión del barrio San Martín tras un fallido intento de fuga. Hay dos guardias de rehenes.
Cien presos con armas tomaron una cárcel y rehenes en Córdoba
Un pabellón fue ocupado en una prisión del barrio San Martín tras un fallido intento de fuga. Hay dos guardias rehenes. En el mismo presidio en 2005 tuvo lugar un sangriento motín con 6 muertos.
Los internos de la cárcel cordobesa de San Martín amotinados desde el mediodía están armados y tomaron como rehenes a dos efectivos penitenciarios, en tanto que mediadores judiciales comenzaron las negociaciones, confirmó una fuente del penal.
El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba, inspector general Ricardo Lencina, precisó que el motín se encuentra centralizado en un pabellón del sector del fondo del penal y que los presos están con "armas de fuego y con dos empleados de rehenes".
Lencina afirmó que "está controlada" la situación en el penal del barrio San Martín, donde se amotinó un grupo de presos tras un intento de fuga por parte de seis internos del pabellón 14.
http://www.lacalle-online.com/fotos/0000127982G.jpg
El funcionario confirmó que "han tomado de rehén a dos celadores" y remarcó que los reclusos tienen armas de fuego.
"La situación está controlada, está sectorizado en el fondo del penal, en un callejón. No es general el problema", indicó Lencina, quien dijo a una radio que "estamos trabajando con los mediadores para ver si llegamos a un resultado feliz".
Tres años atrás, en el mismo penal se produjo un motín en el que murieron seis personas. Cientos de presos, algunos con armas de fuego, estuvieron más de ocho horas amotinados, en reclamo de mejores condiciones de detención.
datos en :
http://infobae.com/contenidos/369648-100799-0-Cien-presos-armas-tomaron-una-cárcel--y-rehenes-Córdoba
Página 12
“Ahí adentro no hay agua, comida, nada”
Los baños están colapsados, no alcanza la comida, se corta el agua. El trabajo de los presos se paga menos de lo estipulado legalmente. Y no reciben asistencia jurídica adecuada. “Se violan sistemáticamente los derechos humanos”, denuncia un funcionario municipal.
Después del motín, los guardias eran liberados en tandas: aquí uno de ellos se abraza con su padre.
Sin despeinarse, fortalecido por la culminación de la revuelta carcelaria más impresionante de la historia cordobesa que dejó un saldo de ocho muertos y decenas de heridos graves, según información oficial, el jefe de Policía de Córdoba, el comisario Jorge Rodríguez, dijo que la Unidad Penitenciaria de San Martín, construida en 1889, hace casi ciento veinte años, seguirá siendo el penal de la capital cordobesa, aunque todos los especialistas en seguridad sostienen que esta cárcel no reúne la condiciones de seguridad necesarias y que su estructura es “deficiente y vetusta”, que el personal del Servicio Penitenciario es “insuficiente” (50 guardiacárceles por turno para 1700 internos), además de estar ubicada en el corazón de la ciudad, hecho que potencia al máximo su peligrosidad para la población.
Con una capacidad para 800 internos y una población de 1700, el doble de lo permitido, viola abiertamente lo que dice la Constitución Nacional, que dice que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Cualquiera que haya podido transitar las instalaciones del penal de San Martín podrá corroborar que lejos de satisfacer la demanda constitucional, sus instalaciones pisotean los derechos de cualquier ser humano, aunque haya cometido un delito grave. “En forma sistemática se corta el servicio de agua, los baños están colapsados, la comida es pésima y el hacinamiento que genera la superpoblación provoca un clima de tensión y violencia entre los internos casi en forma permanente”, advertía Luis Miguel Barone-tto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, que fue solicitado como garante por una gran cantidad de presos en estos dos días de furia y que conoce la situación de muchos de ellos.
Además de las paupérrimas condiciones edilicias del penal, Baronetto remarca que el motín que estremeció a toda una ciudad se viene “cultivando” desde hace mucho tiempo. “Hay dos motivos por los cuales los presos viven en un estado latente de violencia y que prepararon el terreno de lo sucedido: las condiciones carcelarias que padecen, que son inhumanas, y su situación judicial. No hay revisión de sus causas por parte de funcionarios judiciales, no reciben asistencia jurídica y la mayoría debe apelar a lo que se conoce como ‘derecho propio’, es decir, defenderse por sus propios medios sin abogados.”
Raúl, un ex presidiario que salió en libertad hace seis meses y que estuvo entre los rehenes, funcionó de mediador en algunos momentos del conflicto. “En San Martín no existen los derechos humanos, casi la mitad de los que están presos acá son chicos que no superan los 23 años, que deben padecer el incumplimiento de la ley 24.660. No hay comida, no hay agua, no hay trabajo, no existe nada ahí adentro.”
En coincidencia con lo expresado por Baronetto, resaltó que los detenidos vienen denunciando esta situación desde hace tiempo y que nadie los escucha ni atiende sus reclamos. “Tengo denuncias, tengo fotocopias y nunca nadie nos atendió, ni en la Nación.”
Otro de los puntos graves que Baronetto dice que los presos le cuentan cuando él los visita en la cárcel es que el trabajo que realizan dentro del penal, que debe ser remunerado con ciento ochenta pesos, termina siendo pagado con veintinueve pesos. “No hay que olvidarse que muchos de los que trabajan aquí dentro, que tienen buena conducta, les pasan dinero a sus familias”, señala.
Enrique Asbert, delegado de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, confirmó a Página/12 que “existen sólo cinco asistentes sociales para atender las demandas de casi mil setecientos internos. Para obtener la buena conducta por parte del Consejo Criminológico, que evalúa la situación de cada preso, éstos necesitan ese informe del trabajador social, que en la mayoría de las veces no tiene el tiempo para realizarlo”.
Noticia extraída de www.klinamen.org
Esperanza, Mariano, la cárcel y la verdad
El pasado 28 de enero, Esperanza Aguirre se levantó, se peinó las mechas, se puso delante de un micrófono y, en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular, clamó por una reforma de las leyes penales y penitenciarias. Cuentan las crónicas que Esperanza afirmó sin pestañear que la actual normativa penal y penitenciaria española es “más permisiva” que la de otros países; que aquí delinquir es “más barato” y que esa y no otra es la razón por la cual “cierto grupo de extranjeros y algunos españoles” prefieren asentarse en España para cometer delitos; y que, como esto no puede ser, hay que llenar las calles de policías y el territorio de presidios. Pocos días después, Mariano Rajoy se levantó, se puso delante de otro micrófono, esta vez en Sevilla, y presentó el programa del PP en materia de seguridad ciudadana, prometiendo además incrementos punitivos a destajo y reformas de la normativa penitenciaria para dificultar la salida de la cárcel, todo lo cual haría de España un país europeo, serio, seguro y feliz. Llegados a este punto, dudo entre dos opciones. Quizás Esperanza y Mariano no saben lo que dicen -ni les importa- y se limitan a gritar por gritar en la creencia de que eso es lo que su gente de bien quiere oír. O, por qué no, puede ser que Esperanza y Mariano sepan lo que dicen y mientan descaradamente. Afortunadamente, ni estoy en la mente de Esperanza y Mariano ni pertenezco a su entorno, razón por la cual nunca saldré de esta duda. Pero sí tengo la certeza de que a Esperanza y a Mariano la verdad no les merece ningún respeto porque la realidad, como bien le consta a cualquier jurista atento y honesto, es bien distinta. Basten los siguientes datos:
1º) Hace apenas dos meses, España recibió una llamada de atención europea. Fue el mismísimo Consejo de Europa quien alertó a España por su abusivo recurso a la pena de prisión. El Consejo de Europa, a diferencia de Esperanza y de Mariano, sí sabe de lo que habla: las tasas de población reclusa española (130 presos por cada 100.000 habitantes) están muy por encima de los 90 presos de media de los países de la Unión Europea pese a que, en España, las cifras de criminalidad sean ligeramente inferiores a las de esos mismos estados.
2º) En España tenemos más presos porque los tenemos más tiempo en prisión. Según el mismo Consejo de Europa, España es el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. Así, no es de extrañar que la población reclusa española sobrepase la de países con códigos penales -como los balcánicos, escandinavos y Holanda- que, sobre el papel, son más duros.
3º) El estado español, sin embargo, está a la cola en lo que se refiere a la aplicación del régimen abierto. En España, solo el 17% de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.
4º) Los Estados Unidos de América, símbolo de la política penal y penitenciaria de mano dura a la que Esperanza y Mariano miran y admiran, acaban de batir un record histórico. Según los datos ofrecidos por la fundación estadounidense Pew Center on the States (www.pewcenteronthestates.org) por primera vez en la historia uno de cada 100 ciudadanos estadounidenses está entre rejas. O, dicho de otra manera, 2,3 millones de estadounidenses están encarcelados en un país en el que el sistema penitenciario, que absorbe ya el 7% de los presupuestos, arroja unas tasas de criminalidad y reincidencia social y económicamente insostenibles. El problema está tocando techo por lo que no es extraño que algunos de los Estados Unidos de América -y, entre ellos, el paradigmático estado de Texas- hayan comenzado a flexibilizar las condiciones para obtener la libertad vigilada.
5º) Tras diversos estudios empíricos y estadísticos en relación a la reincidencia, existe un consenso absoluto: la tasa de reincidencia en penados sometidos a una medida alternativa a la cárcel es muy inferior a la reincidencia en penados que han pasado por una prisión.
Esperanza y Mariano prometen seguridad y nos dicen que tienen las ideas claras acerca de cómo lograrla. Pero, en mi opinión, mienten. Miente quien describe una realidad -estadística y normativa- que no es cierta. No dice la verdad - y con ellos todo su partido, y con su partido, la práctica totalidad de los partidos políticos que el próximo 9 de marzo concurrirán a las elecciones generales- quien vende seguridad a través de penas más duras y ejércitos de policías en las calles. No es más seguro el país que mete a más gente en la cárcel. No es más justa ni eficaz la pena más larga, pura y simplemente porque, aquí y en el resto del mundo, la inmensa mayoría de quienes cometen los delitos que se persiguen -otra cosa son los que se cometen y no se persiguen- son los pobres, que no tienen por costumbre leer el BOE ni el Código Penal. No debería estar más satisfecha la sociedad que sabe que su ley penal es la más draconiana sino aquella, más valiente y más sabia, que cree en otras vías de eficacia demostrada para evitar el delito y la reincidencia. No es honesto quien no explica a costa de qué otras partidas presupuestarias -quizás sanidad, quizás educación, quizás cultura- va a financiarse el desembarco de policías y la construcción de tantas cárceles. Por lo tanto, queridos Mariano y Esperanza y demás afines, hablen, si quieren, de emotividad, conveniencias y demagogias electorales. Quítense la careta y hablen, por ejemplo, de venganza. También tendrán quienes les voten y les aplaudan. Pero no me hablen de seguridad.
PATRICIA MORENO ARRARÁS, Abogada especialista en derecho penal y penitenciario.
Noticia extraída de www.nodo50.org/tortuga/La AV de Aluche pide el cierre del CIE de Madrid
La Cárcel de Carabanchel, en Madrid, fue durante 55 años uno de los instrumentos más importante de la represión franquista. En ella estuvieron reclusas muchas de las personas que se oponían al régimen. Sin embargo a partir de 1999 la cárcel se cerró y a partir de entonces se encuentra en total estado de abandono (http://www.flickr.com/groups/carcelcarabanchel/).
Pero en sus terrenos se encuentra otra cárcel: más escondida, oculta, tan invisible que desde afuera todo parece menos una cárcel.
Estamos hablando del centro de internamiento para extranjeros de Madrid.
Un lugar donde se detienen los y las migrantes sin papeles a la espera de ser expulsados o expulsadas. Ahí se han cometido y siguen cometiéndose violaciones de los derechos humanos (http://www.masvoces.org/spip.php?article1476) contra estas personas, encarceladas de hecho sin haber cometido ningún delito.
De todo eso hablamos con Antonio Abueita, presidente de la Asociación de Vecinos de aluche (http://www.avaluche.com/) .
Él nos explica la batalla de los vecinos para que la cárcel se transforme en un hospital y no se especule con sus terrenos. Y pide, además, que la administración cierre este centro.
Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
Testimonios de personas detenidas en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid.
Los Centros de Internamiento para Extranjeros son lugares donde están detenidas personas provenientes de otros paises. Su unico delito es no estar en regla con los papeles de estancia en el país. Según la ley española, estas personas pueden estar ’retenidas’ hasta 40 dìas.
Sin embargo una directiva europea que va a ser aprobada en enero prevè la prolongación de la estancia hasta 18 meses.
Escucha los testimonios de personas detenidas en el CIE de Aluche, en Madrid, y de sus familiares.
Testimonio de una chica boliviana que estuvo 39 dìas retenida en el CIE
Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
Audio publicado en Más Voces : www.masvoces.org
Villabona instala una máquina que detecta si existió contacto con drogas o explosivos
El aparato refleja la mera fricción con estas sustancias, aunque se haya producido con horas de antelación.
La prisión de Villabona ha instalado una máquina capaz de detectar si una persona ha tenido contacto físico con drogas o explosivos, que permitirá ejercer un mayor control sobre los presos que salen de permiso y regresan a la cárcel y los visitantes al centro penitenciario. Se trata de una iniciativa pionera de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, que por el momento sólo se lleva a cabo en media docena de cárceles españolas, entre ellas la asturiana. En sólo segundos, la máquina revela si una persona tocó o incluso si llevó encima algún tipo de sustancia estupefaciente o explosiva, aunque hayan pasado varias horas desde el contacto.
Su funcionamiento es sencillo: la máquina tiene una especie de «tiritas» desechables que se colocan en una empuñadura conectada al aparato. Esa tira es la que se desliza por el cuerpo -manos, ropa... - de la persona a la que se quiere registrar. A continuación, se separa y se inserta en el interior de la máquina, como si se tratara de un billete de metro. En pocos segundos, el aparato es capaz de reflejar en su pantalla las sustancias que se han tocado -cocaína, heroína, hachís, entre otras drogas, varios tipos de explosivos...- y el grado de contacto (por proximidad en el tiempo). La máquina está instalada en la entrada del dentro penitenciario, junto al escáner y el arco detector de metales.
Con este aparato se pretende estrechar aún más el control sobre el tráfico de drogas en Villabona. El detector se aplica a todos los presos que regresan de permiso a la cárcel, para evitar que introduzcan estupefacientes en el interior, y también a las visitas que van a comunicar con los internos o a los «vis à vis». Estos últimos son una de las formas más habituales de introducir drogas en la cárcel.
De esta forma, si la máquina alerta de contacto con drogas, los funcionarios se ponen sobre aviso con los presos «sospechosos». En el caso de los visitantes, un cartel colocado a la entrada de la cárcel advierte de las consecuencias: si la máquina arroja resultados positivos (hubo contacto), se les solicita permiso para someterlos a un cacheo. En el caso de que se nieguen, podrán irse, pero se les negará la visita al preso y tendrán que marcharse sin verlo siquiera.
La Fundación Vinjoy proyecta un plan piloto para tratar a reclusas encarceladas por cometer delitos contra su voluntad
El programa contempla la creación de una Prisión Residencial como alternativa a la cárcel.
La Fundación Vinjoy, institución asturiana dedicada a la intervención socieducativa, proyecta la creación de una unidad terapéutica dedicada al tratamiento de mujeres con trastorno volitivo, o trastorno de la voluntad. El proyecto, pionero en toda España, se dirige a las mujeres asturianas encarceladas por cometer algún tipo de acto delictivo contra su voluntad.
"Se trata de crear una alternativa a la prisión para aquellas mujeres con un trastorno de la voluntad", afirmó, en rueda de prensa, el director gerente de la entidad, Adolfo Rivas, tras reunirse con el Delegado del Gobierno, Antonio Trevín. Las mujeres susceptibles de acogerse a este programa variarían entre aquellas en el límite de la discapacidad intectual, hasta mujeres calificadas como dependientes emocionales, sin capacidad de decisión sobre su propia voluntad.
Según el responsable de la entidad, el proyecto incluye la creación de una entidad terapéutica, concebida como una prisión residencial para mujeres con este trastorno de la voluntad, en la Casa San Feliz de Pola de Lena. Esta residencia tendría una capacidad para un total de 14 mujeres que estarían allí viviendo, mientras siguen un tratamiento terapéutico para modificar ese trastorno de la conducta.
Una vez en el centro, las mujeres ingresadas en el mismo contarían con el apoyo de mediadores, psicólogos y pedagogos. Para Adolfo Rivas, el número limitado de plazas disponible en el centro se debe al carácter "experimental" del proyecto. "Queremos que sea una casa, y más de 14 personas viviendo juntas es muy complicado", afirmó el responsable de la iniciativa.
El proyecto, según Adolfo Rivas, incluye también la búsqueda de una salida laboral para las reclusas después de abandonar esta alternativa a las cárceles convencionales. La iniciativa de la Fundación Vinjoy contempla, a expensas de los resultados obtenidos en el Principado, extender el proyecto a otras comunidades españolas.
Por el momento, el proyecto se encuentra a la espera del visto bueno de Instituciones Penitenciarias, aunque tal y como confirmó el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, los primeros contactos con el Ministerio del Interior, "ya se han iniciado".
martes, 18 de marzo de 2008
Descubren elaborado túnel de 85 metros cerca de cárcel de Santiago de Chile
Un túnel de 85 metros de largo, dotado de un sistema de iluminación y extracción de aire, fue descubierto este miércoles en la cercanías de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, con lo que se frustró una masiva fuga de peligrosos reclusos, informaron portavoces oficiales.
"Es el túnel más elaborado y más grande que hayamos descubierto", dijo el subsecretario del Interior, Felipe Haboe, tras visitar la obra.El túnel tiene 85 metros de largo y está construido a unos 7,5 metros de profundidad. Cuenta con un sistema de iluminación, pilares de madera y cemento, además de un sistema de ventilación a través de tubos y carros de arrastre, según detalló Gendarmería (policía de prisiones).
El diseño del forado se asemeja a un pique minero y permitía que dos o tres personas circularan a la vez."Es el túnel más sofisticado que se haya visto", señaló por su parte el director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez.Tres personas trabajaban diariamente desde hace más de seis meses en la construcción del túnel, al que le faltaban poco menos de 30 metros para alcanzar uno de los patios de la cárcel Colina II, en el norte de Santiago, donde se encuentran recluidos presos de alta peligrosidad.
Según dijo el subsecretario Harboe, por el túnel podrían haberse escapado más de 200 reclusos.Las excavaciones se iniciaron en una casa ubicada en las cercanías del penal.
Las cárceles españolas suspenden en atención a la salud mental
Un 25% de l@s pres.@.s. sufre trastornos mentales, según el primer estudio de Instituciones Penitenciarias.
Las cárceles españolas suspenden en atención a la salud mental y tienen matrícula de honor en represión. Sin duda lo más adecuado sería su abolición. Esta noticia está tomada y retocada de derechopenitenciario.com, que a su vez la pilló de Público....los barrotes que le custodian desde hace ocho años asfixian a una persona libre en un par de horas. José Arradi, de 43 años, ha hecho dos grandes avances: habla sin tapujos de su enfermedad, esquizofrenia paranoide, y tiene un proyecto para rehacer su vida, algo muy difícil para un preso, y más con su patología. Esto es una de las excepciones que los medios de comunicación sacan como lo normal.
La cárcel no reinserta... de hecho no es sitio para nadie, y mucho menos para enfermos. En la cárcel todo el mundo sale peor de lo que entró... y l@s enferm@s mentales salen en muchas ocasiones destrozad@s, supongo que en el "mejor" de los casos como zombies. Un simple análisis del personal "médico" de las cárceles sería suficiente para ver quien "cuida" y droga a l@s pres.@.s.Uno de cada cuatro presos en las cárceles españolas sufre una patología psiquiátrica, y la mitad, una alteración mental, por enfermedad o por drogodependencia. Otro 12% suma a su enfermedad el consumo de drogas.
Son datos del primer estudio que realiza Instituciones Penitenciarias, con los historiales de casi 1.000 reos de todas las comunidades excepto Catalunya, que gestiona sus cárceles.La cárcel de Navalcarnero, que acoje a 1.370 de l@s 67.750 pres.@.s. secuestrad@s por carceler@s en el estado español, es una de las pioneras en impulsar un programa de "salud mental". El año pasado recibió un premio de la OMS por el programa que realiza con la ONG Intress. Al igual que otras prisiones, como la de Zuera (Zaragoza), lleva una década "impulsando" programas de "salud mental"... pero si analizamos el número de muertes en dicho centro de exterminio, la linda historia mediática que nos intentan colar se va a tomar por...Casi un 18% de los reos ya recogía en su historia clínica problemas psiquiátricos antes de entrar en prisión. ¿Por qué? "La mayoría viene de entornos marginales", explica José Manuel Arroyo, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y médico en la prisión de Zuera. "Controlado el sida, ahora el problema de las cárceles es la salud mental", asegura. Quizás lo adecuado sería hablar de entornos marginados... y del empeoramiento que sufren l@s pres.@.s. en los centros de exterminio. Y del análisis del personal sanitario de las cárceles... porque en algunos casos saldrían casos de sadismo, sin duda.
Pero si hiciéramos diagnóstico de l@s carceler@s, miedo daría de lo que sale... Simplemente hay que ver el Experimento de la Universidad de Stanford, de Zimbardo. Que miedo.Mariano Hernández, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, apunta que la atención a la salud mental, que afecta a un 10% de "ciudadanos", también es insuficiente en la red sanitaria. A su juicio, en las cárceles faltan más de 100 psiquiatras. Según explica, "la cárcel en sí provoca trastornos psíquicos; si a eso le sumamos que entra gente sin tratar o mal tratada, llegamos a la situación actual".
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recuerda en un informe que la ley permite que algunos presos con trastornos se beneficien de salidas terapéuticas o de un adelanto de la libertad condicional. Pero insiste en que debe probarse que no son peligrosos, algo difícil de conseguir.José Manuel Arroyo y Mariano Hernández aseguran que ninguno de los dos modelos que existen (la cárcel ordinaria y los dos psiquiátricos penitenciarios, en Alicante y Sevilla) son la panacea. "Se les aísla y no asegura la reinserción, al contrario", explica Arroyo. "Lo ideal sería una unidad mixta, con seguridad pero atendida por profesionales", asegura.Hernández coincide. Valora que el programa marco de salud mental que elaboró hace unos meses Instituciones Penitenciarias "reconoce un problema que hasta ahora estaba oculto" y dice que "va en la buena línea, la de conectar al preso con el mundo externo".Pero sólo es el primer paso.La atención primaria en las cárceles depende de Interior, y no de las consejerías de Sanidad. Unos 800 médicos, funcionarios de prisiones, trabajan en sus enfermerías: módulos donde tanto se curan heridas como se atiende día y noche a enfermos crónicos.
"La mitad de las plazas las ocupan enfermos psiquiátricos", indica Hernández.En cambio, los médicos especialistas dependen de las consejerías de Sanidad. Según el acuerdo de cada comunidad con Instituciones Penitenciarias, los reos acuden al psiquiatra en un furgón blindado o éste va periódicamente a la prisión a pasar consulta, pasando por soluciones intermedias.Todos los estudios que se realicen sobre lo que sucede en los centros de exterminio darán por resultado hechos dramáticos.
No hace falta ser científico ni recurrir a investigaciones majestuosas universitarias, que si dan por resultado cosas que no convienen al sistema que las financia son bien escondidas en un cajón.En la cárcel, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza... y se castigan con mayor dureza las luchas por cambiar todo esto que nos oprime a tod@s.
-Noticia extraida de www.klinamen.org-
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