El pasado 28 de enero, Esperanza Aguirre se levantó, se peinó las mechas, se puso delante de un micrófono y, en el marco de una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular, clamó por una reforma de las leyes penales y penitenciarias. Cuentan las crónicas que Esperanza afirmó sin pestañear que la actual normativa penal y penitenciaria española es “más permisiva” que la de otros países; que aquí delinquir es “más barato” y que esa y no otra es la razón por la cual “cierto grupo de extranjeros y algunos españoles” prefieren asentarse en España para cometer delitos; y que, como esto no puede ser, hay que llenar las calles de policías y el territorio de presidios. Pocos días después, Mariano Rajoy se levantó, se puso delante de otro micrófono, esta vez en Sevilla, y presentó el programa del PP en materia de seguridad ciudadana, prometiendo además incrementos punitivos a destajo y reformas de la normativa penitenciaria para dificultar la salida de la cárcel, todo lo cual haría de España un país europeo, serio, seguro y feliz. Llegados a este punto, dudo entre dos opciones. Quizás Esperanza y Mariano no saben lo que dicen -ni les importa- y se limitan a gritar por gritar en la creencia de que eso es lo que su gente de bien quiere oír. O, por qué no, puede ser que Esperanza y Mariano sepan lo que dicen y mientan descaradamente. Afortunadamente, ni estoy en la mente de Esperanza y Mariano ni pertenezco a su entorno, razón por la cual nunca saldré de esta duda. Pero sí tengo la certeza de que a Esperanza y a Mariano la verdad no les merece ningún respeto porque la realidad, como bien le consta a cualquier jurista atento y honesto, es bien distinta. Basten los siguientes datos:
1º) Hace apenas dos meses, España recibió una llamada de atención europea. Fue el mismísimo Consejo de Europa quien alertó a España por su abusivo recurso a la pena de prisión. El Consejo de Europa, a diferencia de Esperanza y de Mariano, sí sabe de lo que habla: las tasas de población reclusa española (130 presos por cada 100.000 habitantes) están muy por encima de los 90 presos de media de los países de la Unión Europea pese a que, en España, las cifras de criminalidad sean ligeramente inferiores a las de esos mismos estados.
2º) En España tenemos más presos porque los tenemos más tiempo en prisión. Según el mismo Consejo de Europa, España es el país con la estancia media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este organismo internacional. Así, no es de extrañar que la población reclusa española sobrepase la de países con códigos penales -como los balcánicos, escandinavos y Holanda- que, sobre el papel, son más duros.
3º) El estado español, sin embargo, está a la cola en lo que se refiere a la aplicación del régimen abierto. En España, solo el 17% de los internos cumple su condena en semilibertad, mientras que en muchos países europeos el régimen abierto se aplica a más de la mitad de los reclusos.
4º) Los Estados Unidos de América, símbolo de la política penal y penitenciaria de mano dura a la que Esperanza y Mariano miran y admiran, acaban de batir un record histórico. Según los datos ofrecidos por la fundación estadounidense Pew Center on the States (www.pewcenteronthestates.org) por primera vez en la historia uno de cada 100 ciudadanos estadounidenses está entre rejas. O, dicho de otra manera, 2,3 millones de estadounidenses están encarcelados en un país en el que el sistema penitenciario, que absorbe ya el 7% de los presupuestos, arroja unas tasas de criminalidad y reincidencia social y económicamente insostenibles. El problema está tocando techo por lo que no es extraño que algunos de los Estados Unidos de América -y, entre ellos, el paradigmático estado de Texas- hayan comenzado a flexibilizar las condiciones para obtener la libertad vigilada.
5º) Tras diversos estudios empíricos y estadísticos en relación a la reincidencia, existe un consenso absoluto: la tasa de reincidencia en penados sometidos a una medida alternativa a la cárcel es muy inferior a la reincidencia en penados que han pasado por una prisión.
Esperanza y Mariano prometen seguridad y nos dicen que tienen las ideas claras acerca de cómo lograrla. Pero, en mi opinión, mienten. Miente quien describe una realidad -estadística y normativa- que no es cierta. No dice la verdad - y con ellos todo su partido, y con su partido, la práctica totalidad de los partidos políticos que el próximo 9 de marzo concurrirán a las elecciones generales- quien vende seguridad a través de penas más duras y ejércitos de policías en las calles. No es más seguro el país que mete a más gente en la cárcel. No es más justa ni eficaz la pena más larga, pura y simplemente porque, aquí y en el resto del mundo, la inmensa mayoría de quienes cometen los delitos que se persiguen -otra cosa son los que se cometen y no se persiguen- son los pobres, que no tienen por costumbre leer el BOE ni el Código Penal. No debería estar más satisfecha la sociedad que sabe que su ley penal es la más draconiana sino aquella, más valiente y más sabia, que cree en otras vías de eficacia demostrada para evitar el delito y la reincidencia. No es honesto quien no explica a costa de qué otras partidas presupuestarias -quizás sanidad, quizás educación, quizás cultura- va a financiarse el desembarco de policías y la construcción de tantas cárceles. Por lo tanto, queridos Mariano y Esperanza y demás afines, hablen, si quieren, de emotividad, conveniencias y demagogias electorales. Quítense la careta y hablen, por ejemplo, de venganza. También tendrán quienes les voten y les aplaudan. Pero no me hablen de seguridad.
PATRICIA MORENO ARRARÁS, Abogada especialista en derecho penal y penitenciario.
Noticia extraída de www.nodo50.org/tortuga/
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